El gobernador electo Miguel Barbosa Huerta anunció que en su administración se impulsará la creación de una Ley de Austeridad en Puebla con la cual se cancelará el servicio de escoltas a ex gobernadores y ex funcionarios del estado, y se regularán los salarios de los servidores públicas.

Ayer, en una entrevista realizada tras su gira de agradecimiento realizada por Ciudad Serdán y Tepeaca, señaló que sólo el gobernador en turno y aquellos funcionarios vinculados a la seguridad pública mantendrán protección adicional.

Detalló que el proyecto legislativo también incluye un mayor control de dietas, viáticos y bonos que reciben los funcionarios en el estado, a través de la Secretaría de Administración, que sería desincorporada de la Secretaría de Finanzas.

“Para eso vuelve aparecer en la Administración Pública la Secretaría de Administración, que son las funciones que en otro tiempo eran de la Oficialía Mayor: controlar el gasto de las dependencias públicas. Va a haber hoy más secretarías, pero de tamaño acotado, no desbordado”, informó.

En ese sentido, dijo que recientemente descubrió que en Puebla Comunicaciones se alojan cuando menos 279 trabajadores, lo que describió como una situación atípica e irregular para una dependencia pequeña.

“¿Creen ustedes que sea un número normal de servidores públicos en un lugar así? Yo puedo suponer, por ejemplo, que en el CIS hay mucha gente que ni es trabajadora al servicio del Gobierno del estado; hay algunos ‘halcones’ o ‘palomas mensajeras’, pero todo eso lo vamos a revisar”, aseguró.

Por otra parte, reconoció que no será posible implementar todo el andamiaje legislativo que ideó para su administración antes de que rinda protesta.

Este paquete de iniciativas que será enviado al Congreso local pretende fortalecer al Poder Legislativo y Judicial, de manera que funjan como auténticos contrapesos al gobernador en turno, según prometió en campaña.

“La reforma es muy grande, creo que en julio solamente alcanza para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Y entre agosto y diciembre haremos la gran reforma legislativa y una reforma constitucional que ya está en proceso”, dijo.

Al Congreso del estado también le corresponderá la designación del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), un proceso en el cual Barbosa Huerta advirtió que no intervendrá.

LEG