Dos semanas antes del 7 de junio le fue enviado un video al subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta. En el video se mostraba la tortura a uno de los primeros detenidos en el caso Ayotzinapa.
El video fue enviado por YouTube, días después fue bajado y el 7 de junio lo volvieron a subir de nueva cuenta como mensaje para Gómez Arrieta. Las autoridades federales identificaron que el mensaje del video se trataba de un asunto de extorsión al entonces funcionario.
En el video aparece Carlos Canto, profesor y dueño de un bar en Iguala, que en una primera declaración afirma conocer a quienes se llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa y que incluso refiere la participación de José Luis Abarca.
Este video es la primera prueba documental y visual que se tienen de los 32 casos de tortura encontrados por la ONU en el caso Ayotzinapa; la CNDH sólo encontró ocho casos de tortura en su recomendación y 23 de tratos crueles.
El hecho de que se diera a conocer este video va más allá de comprobar un acto de tortura, pues las autoridades federales están investigando a todos los elementos que participaron en las detenciones para así detectar que otras grabaciones pudieran tener los elementos federales y de la Marina.
Este fin de semana renunció a su cargo Carlos Gómez Arrieta, quien ha negado ser la voz que aparece en el video torturando al detenido de Ayotzinapa, sorprendentemente el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que este video era un refrito.
De ser un refrito habría que preguntarle al gobernador si entonces él ya tenía conocimiento del video y de su contenido, y de ser así, habría que preguntarle por qué no lo denunció.
Sorprende que Silvano Aureoles no critique la tortura y asegure sin elementos que se trata de un video “muy armado”. “Yo le reconozco al comandante Arrieta su valor, su determinación para ante un refrito de un video, que por cierto se ve muy armado”, declaró el gobernador.
El material confirma lo que la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU había reportado en su informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa: la existencia de fuertes elementos de convicción de que hubo tortura en 34 casos.
En respuesta a señalamientos como el de la ONU, la Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República- negó haber construido la llamada “verdad histórica” con base en torturas, y afirmó que solamente verificó vejaciones en dos casos. Empero a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración.
Es interesante tomar en cuenta el llamado de varias organizaciones este fin de semana en donde se pone énfasis que el video difundido recuerda que está pendiente realizar la investigación interna de los funcionarios que han desviado y obstruido la justicia. “Al día de hoy, varios de estos funcionarios siguen sin rendir cuentas e incluso en puestos de responsabilidad pública; tal es el caso de una de las personas de quien se ha señalado su intervención en la tortura a partir de dicho material audiovisual”.