Marshae Jones, una ciudadana afroamericana, fue acusada del homicidio de su propio hijo por recibir un disparo en el vientre durante una riña cuando tenía cinco meses de embarazo en Pleasant Grove, Alabama.
La riña tuvo lugar el pasado 4 de diciembre a plena luz de día en las afueras de un centro comercial cuando Ebony Jemison, de 23 años , discutía la paternidad del producto.
Jones, de 27, recibió un disparo en el vientre por parte de Jemison. Testigos llamaron al 911 y paramédicos llevaron a la agraviada al hospital más cercano para ser atendida.
Los médicos lograron salvar a la mujer, pero no pudieron hacer nada por el feto.
La agresora, quien fue capturada días después, alegó defensa propia y fue exonerada de los cargos por homicidio involuntario; sin embargo, el gran jurado acusó a Jones del homicidio del producto de cinco meses por haber iniciado la disputa.
“La investigación mostró que la única víctima verdadera en esto fue el bebé que estaba por nacer”, declaró el teniente Danny Reid.
Ahora, la acusada se enfrenta a la ley de uno de los estados más retrógradas y racistas de los Estados Unidos, pues las penas contra el aborto y el homicidio son sumamente severas.
En mayo de este año, el estado de Alabama aprobó una ley restrictiva para la interrupción legal del embarazo, donde los doctores solo pueden practicar el legrado cuando la vida de la madre corra peligro, sin excepciones para los casos de incesto o violación. Si los médicos incumplen esta ley, se arriesgan a pasar hasta 99 años en prisión.
La sociedad civil estadounidense, al enterarse del caso Jones, se manifestó enérgicamente en contra del estado de Alabama.
“Alabama ha demostrado una vez más que, en el momento en que una persona se queda embarazada, su única responsabilidad es producir un bebé vivo y saludable, y que cualquier acción que tome que pueda impedir ese nacimiento es un acto criminal”, dijo Amanda Reyes, directora del Fondo Yellowhammer, una organización de la Red Nacional de Fondos de Aborto.
La mujer, de escasos recursos, será procesada y se le impuso una fianza de 50 mil dólares (958 mil 500 pesos mexicanos) para poder llevar el proceso en libertad.
jhs