El Gobierno mexicano concretó el acuerdo con 23 bancos para refinanciar una deuda de dos mil 500 millones de dólares y ampliar un fondo revolvente por otros cinco mil 500 millones de dólares.
Ésa es la buena.
Viene la mala.
El 13 de mayo pasado, el Gobierno había anunciado el acuerdo alcanzado en primera instancia con los bancos HSBC, J.P. Morgan México y Mizuho Securities, cuyos directivos acompañaron al presidente López Obrador en su conferencia mañanera.
Ayer se formalizó dicho convenio, pero ahora con 23 bancos, 14 de ellos, según presumió la Presidencia, “entre los 20 más grandes del mundo’’.
Lo que ocurre es que Pemex tuvo que recurrir al mercado bancario porque no puede emitir bonos que son más rentables y eficaces como instrumento de endeudamiento.
El Presidente aseguró que la firma del acuerdo bancario demuestra la confianza de los inversionistas en Pemex, pero esto se puede interpretar de dos maneras:
Los tres primeros bancos consideraron que era mejor compartir el riesgo con otros 20 e hicieron rebanadas más delgadas del mismo pastel, por si acaso la operación no resulta como esperan.
Segundo, plazo ampliado de tres a cinco años, aunque parece conveniente para Pemex –y el país-, es en realidad un plazo corto considerado que los bonos se emiten con vencimientos a 20 ó 30 años.
Tercero, en años anteriores, un crédito sindicato como el que se negoció ayer formalmente atraía a muchos más bancos interesados precisamente por la fortaleza de los indicadores de Pemex.
El Gobierno no dio a conocer la tasa de interés con la que se renegociaron estos ocho mil millones de dólares, pero seguro fue por un error, no porque no hayan querido.
¿O sí?
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Meses atrás desde el Senado se convocó a un Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sargazo, que se realizaría en Tulum con expertos de otros países para analizar las posibles soluciones al fenómeno natural.
Efectivamente, ayer comenzaron los trabajos del Encuentro… sin la presencia de un solo funcionario del Gobierno federal.
No estuvo nadie de la Secretaría del Medio Ambiente, nadie de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente, nadie de Economía y nadie de Turismo.
Estuvieron el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, algunos legisladores y representantes de los países del Caribe que padecen los embates del sargazo.
Seguro no hubo representación federal porque, como dijo López Obrador, la invasión de sargazo “no es un asunto grave’’, para sus subordinados fue como una orden.
Lo malo es que no será cerrando los ojos como se atienda el problema, que sí es grave, pero que el Gobierno federal minimiza.
Qué pena con las visitas.
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Ayer debió comparecer el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, antes las Comisiones de Asuntos Migratorios, Frontera Norte y Frontera Sur de la Cámara de Diputados, pero no llegó.
Bueno, la realidad es que el funcionario sí estuvo en San Lázaro conversando con los presidentes y secretarios de las respectivas Comisiones, pero cuando se dirigían al salón donde esperaba el resto de los legisladores, Garduño dijo que sentía que no había condiciones para la comparecencia, y se fue.
Algunos diputados trataron de justificarlo diciendo que “recibió una llamada urgente’’ y que por eso se fue.
Lo cierto es que el comisionado sabía que incluso los diputados de Morena se le irían a la yugular por sus dichos sobre los policías federales fifís y le dio frío.
Y se fue.
Tan tan.