Luego de la aprobación en el Senado de la República de la Ley Federal de Austeridad Republicana, resurgió el tema de la llamada “partida secreta” para el presidente del República.
Aunque en abril la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con la modificación del Artículo 74 constitucional para prohibir que el Ejecutivo pida dinero sin rendir cuentas, el artículo 61 de la Ley de Austeridad prevé que los ahorros generados deberán aplicarse “a los programas del ejecutor del gasto que los genere”.
En cuanto a lo que hace al Poder Ejecutivo plantea que esos ahorros “se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que esto “ya era facultad del presidente” y que la Secretaría de Hacienda será la que podrá reprogramar y transferir recursos.
“No sabía esto, pero yo al mismo tiempo traslado la facultad a la Secretaría de Hacienda, que es lo que vienen haciendo”, comentó en su conferencia matutina.
La Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó en 2011 la iniciativa del diputado petista Jaime Fernando Cárdenas García para modificar el párrafo cuarto de la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de prohibir la “partida secreta”.
Ahí se señalaba que en algunos sexenios se trató de un fondo multimillonario que el presupuesto federal asignaba a la presidencia de la República para que el Ejecutivo utilizara los recursos discrecionalmente, ya que no estaban sujetos a comprobación ni a rendición de cuentas.
“Carlos Salinas de Gortari recibió por concepto de partida secreta más que el doble de su antecesor Miguel de la Madrid”, argumentó el diputado, y recalcó que Salinas utilizó la mitad de la partida para su patrimonio personal.
El texto también refería que el gobierno de Felipe Calderón destinó a la “partida secreta” hasta 12 mil millones de pesos para financiar gastos confidenciales y reservados para el combate al crimen organizado.
La iniciativa de 2011 para acabar con las partidas secretas señalaba que la Auditoría Superior de la Federación había realizado dos auditorías a la entonces Procuraduría General de la República (por cuentas públicas 2008 y 2006), una al Cisen (cuenta pública 2007), una a la Policía Federal (cuenta pública 2006) y otra al Instituto Nacional de Migración (cuenta pública 2005).
MGL