La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en el sexenio pasado falló la estrategia integral para combatir el delito de trata de personas y el Estado Mexicano sólo “simuló” atender esa problemática.
De acuerdo con la auditoría practicada como parte de la primera entrega de la Cuenta Pública 2018 ” la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron de manera desarticulada sus acciones orientadas a combatir la trata de personas y mostraron desinterés y simulación en atender los casos”.
Indica que “las omisiones evidencias el desinterés y simulación del Estado Mexicano para dar cumplimiento a su responsabilidad nacional e internacional de asegurar la disminución de la impunidad de ese delito”.
La ASF solicitó a la CEAV que informe “los logros y resultados en materia de atención a víctimas de trata de personas, a fin de que se rindan cuentas del número de víctimas atendidas, y recursos (utilizados) del Fondo de Ayuda, asistencia y reparación integral destinados a las víctimas”.
En su evaluación, la Auditoría señaló que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, “sólo superado por el tráfico de drogas y armas, y cada año genera ganancias que van de los 32 mil a los 36 mil millones de pesos, según estimaciones del Foro de Viena, organizada por agencias de Naciones Unidas”.
Sin embargo, “en México prevalece la falta de datos sobre la incidencia del delito, la ausencia de capacitación y el hecho de que la ciudadanía no denuncia, aunado al incremento de la impunidad, lo que conlleva a un limitado efecto de las leyes en la materia y la necesidad de reforzar acciones”.
El informe denuncia que la CEAV, la FGR y la Segob, hasta 2018, “dispusieron de información incompleta y deficiente, por lo que no fue útil para la toma de decisiones y rendición de cuentas”.
A su vez, existió “una desarticulación de esfuerzos realizados por las entidades federales y estatales para sensibilizar a la población y capacitar a los servidores públicos, lo que minimizó sus efectos sobre la prevención de ese delito así como el conocimiento de las acciones para prevenirlo”.
A seis años de que se publicará la nueva Ley para Combatir la Trata de Personas, la “Secretaría de Gobernación no operó ni implementó el fondo federal previsto en materia de trata de personas y ninguno de los 32 gobiernos locales disponen de un fondo específico para dicho fin”.
Malos intentos
-La PGR, en 2018, atendió a 2 mil 751 mujeres víctimas de violencia extrema y trata de personas.
-En 2018, no consignó ninguna averiguación previa ante los órganos juridiccionales competentes.
-Únicamente una de cada 36 carpetas de investigación abierta por trata de personas fue vinculada a proceso ante los órganos juridiccionales.
-La Auditoría Superior de la Federación aclara que son los únicos datos exactos sobre el delito, ya que existen otros dispersos o mezclados con otros delitos.
LEG