El gobierno de Venezuela señaló este día que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presenta una “visión selectiva y abiertamente parcializada” sobre la verdadera situación de las garantías fundamentales en el país sudamericano.
En ese informe se “privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado” a ese organismo de Naciones Unidas, indicó la cancillería en un comunicado publicado en su página web.
La dependencia indicó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha presentado 70 observaciones al informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el cual se señaló que existen graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela y advirtió que si la situación en ese país no mejora, continuará la migración.
En el reporte, Bachelet señaló que “existen pruebas razonables para creer que en Venezuela se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud”.
Para el gobierno de Maduro es “preocupante” de que a pesar de que el organismo de Naciones Unidas realizó dos visitas este año (en marzo y junio pasados) a Venezuela, el 82% de las entrevistas usadas para su informe se hayan realizado a personas que se encuentran fuera del país.
Llamó a la OACNUDH cumplir con las normas y principios internacionales para realizar en sus informes una evaluación objetiva e imparcial de la situación de derechos humanos de los países que integran las Naciones Unidas.
Rechazó además la metodología utilizada para elaborar el informe, al argumentar que son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre, debido al uso inadecuado de las fuentes disponibles.
Calificó, además, como preocupante la ligereza con la que la OACNUDH utiliza el término de “crisis humanitaria” en su informe, sobre todo considerando que no presenta datos o elementos que permitan sustentar objetivamente tal calificación sobre la situación del país.
De acuerdo con la OACNUDH, la economía venezolana ya se encontraba en crisis antes de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales del 2017, sin embargo, el gobierno venezolano señaló que el organismo omite considerar el impacto generado por la dramática reducción del precio del barril petróleo a partir del año 2014.
En otro comunicado, la cancillería señaló que el gobierno venezolano reivindica ante la comunidad internacional su condición constitucional de Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la preeminencia de los derechos humanos.
jhs