El problema se veía venir desde que algunos policías enviaron mensajes de que no se someterían a las nuevas reglas militares de la Guardia. Sin embargo, en el equipo de Seguridad y Protección Ciudadana y en los mandos castrenses de la Guardia no entendieron la necesidad de una negociación política.

El estallamiento de la crisis en las primeras horas del miércoles tomó por sorpresa a los funcionarios de la SSPC, y no fue la mejor decisión enviar a la comisionada Patricia Trujillo sin capacidad de negociación. El problema de fondo no radicó en la decisión voluntaria de pasarse a la nueva Guardia con nuevas reglas y disciplinas y salarios, sino no prever enojos por la pérdida de beneficios, salarios y privilegios.

El otro dato será más complejo de procesar: los mandos castrenses, aun con militares retirados, tienen formas disciplinarias mas estrictas, pues ponen el servicio a la patria antes que cualquier voluntarismo para cooperar. Y de paso, los policías civiles están seguros de que no pasarán los exámenes rigurosos militares para pertenecer a la Guardia.

En este sentido, no se previó el rechazo a la incorporación ni se hicieron preparativos para atender las quejas. Nadie supuso que los policías civiles defenderían sus derechos. Y nadie intuyó la diferencia entre los derechos laborales de los soldados -que no tienen- con los de los policías -que tienen pocos, pero los defienden.

Lo que queda es que el personal de la Guardia tendrá que ser militar, que ninguno de los policías civiles va a aceptar pérdida de beneficios y derechos y que la experiencia de la Policía Federal y de la Gendarmería no va a funcionar con las nuevas reglas de los guardias.

Lo que hay que preguntar es si en la Guardia había algún responsable de relaciones laborales, pues el problema llevará a conflictos en tribunales laborales donde tienen muchas posibilidades de ganar.

Zona Zero

Los policías federales civiles han sido siempre un problema desde que el presidente Zedillo, en 1998, militarizó a la Policía Judicial federal con el envío como director del general Guillermo Álvarez Nara, director de la Judicial Militar. La razón es sencilla: no se puede meter a disciplina militar a civiles que tienen derechos sociales laborales que los militares no.

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