Jorge L. Velázquez Roa
@JorLuVR
Hace algunos días el presidente López Obrador dijo, palabras más palabras menos, que la economía no le preocupaba, que tenías otras preocupaciones más importantes. Hasta cierto punto ello es comprensible si se toman en cuenta temas más apremiantes y lacerantes en el corto plazo como la galopante inseguridad que se vive prácticamente en todo el país y que parece no tener fin o la falta de medicamentos en instituciones de salud pública. Otra lectura, que no excluye a la anterior, es que esa tranquilidad refleja en gran medida el hecho que -–contrariamente a lo dicho por el propio presidente en algún momento– la economía que recibió no estaba ni en bancarrota ni era un cochinero.
En términos generales, el presidente recibió una economía con fundamentos económicos sólidos y son esos mismos fundamentos los que le han permitido sortear los primeros meses de su administración sin mayores sobresaltos económicos, a pesar de decisiones controvertidas, por decir lo menos, como la cancelación del NAIM o la construcción de la refinería de Dos Bocas. No obstante, todo tiene un límite, sobre todo cuando desde el mismo gobierno se sabotea la confianza de los inversionistas. No basta con firmar convenios para promover la inversión con el sector privado si al mismo tiempo se cancelan rondas petroleras como se hizo el mes pasado o se solicitan arbitrajes internacionales para “resolver” disputas inexistentes en torno a los gasoductos contratados por la Comisión Federal de Electricidad.
Ya en el mes de mayo el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) 2019 elaborado por la consultora AT Kearney mostraba una caída de la economía mexicana de ocho posiciones, en términos de su atractivo para recibir IED, y así ubicarse en el último lugar (posición 25) de dicho índice, su peor resultado desde el año 2011. La semana pasada el Embajador de Canadá en México manifestaba su preocupación por las señales enviadas por el gobierno mexicano –contrarias a su discurso oficial-– en el sentido de no respetar los contratos de gasoductos. Por si fuera poco, basta con platicar con empresarios e inversionistas para darse cuenta de que la inversión privada en el país está parada por la incertidumbre y desconfianza creada por el mismo gobierno. Para muestra un botón: la inversión fija bruta que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo, así como los de construcción, cayó en el mes de marzo de este año 3% en términos reales respecto al mes previo y 5.9% respecto al mismo mes del año anterior (INEGI).
Sin inversión no habrá crecimiento. De las señales que envíe el gobierno a los inversionistas dependerá que la economía pueda crecer o no al ritmo deseado de 4% anual. Por el momento esas señales no son alentadoras. Por un lado, la toma de decisiones en materia de políticas públicas se caracteriza más por la descoordinación y la improvisación al interior de la administración pública que por un afán de mejorar las cosas con base en evidencia (al fin que ya lo dijo el presidente “gobernar no tiene mucha ciencia”).
Por otro lado, muchas de esas decisiones han mostrado un claro desdén por el respeto a ley (para un interesante recuento de actos que pueden considerarse ilegales o de dudosa legalidad ver el artículo https://bit.ly/2Ll5o04), incluyendo algunos relacionados con los organismos reguladores.
Sin orden y sin respeto de las reglas e instituciones, es decir, sin Estado de derecho, el ánimo entre los inversionistas no mejorará. De hecho, poco a poco muchos indicadores económicos muestran un deterioro gradual y los pronósticos de crecimiento de la economía se han venido revisando a la baja, con algunos ya por debajo del 1% de crecimiento estimado para este año.
Probablemente la economía se convierta pronto en una de las mayores preocupaciones del presidente, aun cuando la confianza del consumidor sea elevada.