En los primeros siete meses de gobierno aún faltan respuestas sobre los principales conflictos que, por diversas causas, le han estallado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ni bien comienza a atender un problema, cuando surge otro que deja en el olvido al anterior.
En enero, la inexperiencia y omisión de algunos funcionarios federales hicieron que los mexicanos del norte y centro del país recibiéramos el año con escasez de combustibles, lo que ocasionó descontento, preocupación y reclamos ante la falta de claridad sobre si se habían o no dejado de comprar gasolinas.
No se resolvía el abasto de combustibles, cuando la muerte de al menos 137 personas en la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo alcanzó a la administración de López Obrador, generando mayor confusión e indignación; sin que hasta el momento se hayan detenido a los líderes de las bandas dedicadas a esta actividad ilícita.
A menos de un mes de la tragedia, médicos y enfermeras de diversos hospitales del país, comenzaban a denunciar la falta de insumos para atender a los enfermos; alerta que lejos de resolverse fue desestimada y, la crisis generada por la falta de recursos en instituciones médicas, alcanzó tal dimensión, que en mayo Germán Martínez decidió renunciar a la dirección general del IMSS, bajo el argumento de que Hacienda no otorgaba el recurso necesario para operar.
En medio de ese debate, el Ejecutivo también salía al paso ante las denuncias de la desaparición del programa de estancias infantiles que afectó a 400 mil menores en todo el país y en lo que pareció más una ocurrencia que una estrategia, determinó que el recurso sería otorgado directamente a los padres de familia, bajo un esquema que, hasta el momento, no cuenta con reglas claras por parte de la Secretaría del Bienestar.
Además, en mayo se hacía público que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dejaba sin recurso a los estudiantes que participarían en la olimpiada de matemáticas, también investigadores denunciaron la falta de pago de sus becas.
Mientras a cuenta gotas, los alumnos y becarios recibían su beca reducida; el país era víctima de los embates de Donald Trump, quien amenazaba con imponer aranceles del 5% a todas las importaciones de productos mexicanos a Estados Unidos, si México no detenía el flujo migratorio en ambas fronteras de nuestro territorio.
En respuesta, el gobierno mexicano envió elementos militares para reforzar nuestras fronteras y detener a esos migrantes que al inicio del sexenio, habían sido invitados a trabajar en México por el propio López Obrador.
Y manteniendo esa olla de presión en los centros de detención de migrantes, los reflectores se posaron en los medios públicos como el IMER, Notimex y Canal 11, quienes acusaron despidos arbitrarios por parte de los nuevos directivos, que con policía y bajo amenazas, sacaron al personal sin otorgarles su liquidación conforme a la ley.
Seguía el conflicto con los despidos y ya estallaba una nueva crisis cuando elementos de la Policía Federal exigieron trato digno, respeto sus derechos laborales y prestaciones para formar parte de la Guardia Nacional y que a pesar de los esfuerzos por lograr un acuerdo, hasta este fin de semana, no había avance alguno entre autoridades y policías.
Gobernar significa dirigir, administrar y mantener bajo control un Estado, ciudad o colectividad; y eso se logra con estrategia, con la aplicación de la ley, con servidores públicos eficientes, no con decisiones arbitrarias que parecieran salir de la ocurrencia de un gobierno que su política pública la construye mientras se encarga de apagar fuegos, sin resolver el origen del incendio.
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Y en pregunta sin ofensa:
Hablando de tapar crisis ¿Será Emilio Lozoya, el primer ex funcionario del gobierno de Peña que sea encarcelado por la actual administración, por presuntos hechos de corrupción?