A lo largo de la historia de México se han conformado dos grandes movimientos sociales: la lucha feminista que desde finales del siglo XIX exigía el reconocimiento pleno de sus derechos laborales, civiles y políticos; y la revuelta juvenil de los años sesenta que visibilizó la falta de políticas públicas que los incluyera como sujetos de derechos.

Hasta 1904 se reconoce oficialmente el movimiento feminista, con el cual buscaban promover su derecho a un trabajo digno, que se reconocieran sus derechos civiles y, por supuesto, el derecho a votar y ser votadas. Desde entonces, se desarrollaron diversas reformas al marco normativo para eliminar medidas tan absurdas como la negativa a comparecer en juicios, para celebrar contratos, para administrar sus bienes y para la toma de decisiones en el hogar de manera igualitaria, e incluso se les tuvo que reconocer su personalidad jurídica porque no contaban con tal derecho.

La lucha por los derechos políticos se vio concretada con el decreto por el que se reformó el artículo 34 de la Constitución Política, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953.

Históricamente, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas por primera vez acudimos a ejercer nuestro derecho al voto en las urnas. Desde ese momento se han logrado grandes avances en la inclusión de la mujer en la actividad política, conquistando espacios en el Poder Legislativo y empoderándose en otros ámbitos del Gobierno; sin embargo, tuvieron que pasar 64 años para que la paridad en el Congreso de la Unión y en algunos Congresos locales sea una realidad.

En la búsqueda por la formación de liderazgos femeninos y superar las barreras estructurales que delimitan la participación de las mexicanas se estableció -en la Ley General de Partidos Políticos- que se destinara anualmente 3% del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Este presupuesto debe ser ejercido conforme a los planes de formación y capacitación que cada partido político establezca, transparentando su ejercicio y publicándolo para el conocimiento de todos los ciudadanos. Sin embargo, para reducir la brecha de género y empoderar a las mujeres, es necesario que los partidos políticos no sólo presenten un plan de capacitación anual, sino que se evalúe el impacto que tienen, trazar anualmente una estrategia que ayude a conocer las necesidades que tienen las mexicanas y se diseñe e implemente un programa que permita a las mujeres participar de manera adecuada en la vida pública de México.

Por lo que hace al movimiento juvenil, éste dio inicio en 1968, le prosiguió la revuelta de 1971, aunado a diversas manifestaciones en las décadas de los ochenta y noventa. En todas estas expresiones destacaba la lucha por el derecho a la igualdad, a la educación, a la inclusión y contra los abusos del poder de los Gobiernos, consolidándose como el sector vigilante de las prácticas gubernamentales.

Todas estas movilizaciones visibilizaron la falta de políticas públicas encaminadas al acceso de una vida digna. Los jóvenes hoy demandan ser incluidos, mediante condiciones adecuadas para su desarrollo individual.

La participación política de los jóvenes siempre ha sido medida respecto a su ejercicio de voto en los procesos electorales, sin incluir su participación en espacios donde incide de manera directa en la transformación de su entorno o donde exigen ser incluidos en las agendas y políticas públicas en materia de jóvenes.

A pesar de que la participación de los jóvenes ha ido en incremento dentro de la sociedad civil organizada o dentro de las instituciones públicas y privadas, los partidos políticos siguen siendo los espacios de participación por excelencia, donde buscan mediante propuestas incidir en las decisiones del Gobierno y así tener espacios de representación donde sean atendidas sus demandas. Por ello, es necesario coadyuvar a la construcción de mecanismos para fortalecer a este sector de la población.

Ya que los partidos políticos son entes de interés público que tienen como finalidad promover la participación en la población para lograr una vida democrática, es necesario fortalecer desde ese espacio la participación y capacitación de mujeres y jóvenes en la vida pública del país.