La primera Ley de Seguridad Ciudadana de la capital nacional llegó ayer al Congreso local en la evolución de un contexto a favor de la recuperación de la seguridad que involucra cinco estrategias y una enorme expectativa para que el plan del Gobierno contra la incidencia delictiva tenga éxito muy pronto.

La propuesta entregada a los legisladores incluye sugerencias para el endurecimiento de penas, el incremento de las capacidades de respuesta ante la delincuencia, supone mayores compromisos a favor de la eficiencia del conjunto del sistema policial-investigativo-judicial-penitenciario acompañado, inevitablemente -por razón de las fuerzas progresistas desde donde se propone la ley y por el entorno nacional con un vocabulario relacionado con ello-, de políticas sociales dirigidas a atender las causas de los delitos.

A casi siete meses de iniciada esta administración, por lo menos en la Ciudad de México, está clara cuál es la estrategia del Gobierno.

Combatir causas sociales de la delincuencia, fortalecer presencia policial, mejorar inteligencia para operativos, multiplicar las capacidades de coordinación y fortalecer el marco normativo son situados ya en el vocabulario del Gobierno y poco a poco entre los analistas, como los valores y eventualmente indicadores a partir de los cuales podría ser evaluado el conjunto de la política pública de seguridad de esta administración.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, difunde, en contraste con la administración anterior, que la seguridad ciudadana no debe ser vista exclusivamente como una reducción de los índices de delincuencia, sino como el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, sostenible, participativa y multidisciplinaria basada en lo social y en la enorme ventaja que implica la coordinación eficaz y amistosa con la Presidencia de la República.

Esta estrategia debe incluir elementos para la mejora de la calidad de vida de la población; la acción comunitaria para la prevención del delito; una justicia accesible, ágil y eficaz y una educación que se base en los valores, el respeto a la ley y el respeto por los derechos humanos.

De ahí que uno de los ejes de la estrategia de seguridad está basado en la mejora de las condiciones de los jóvenes mediante el acceso a la educación y becas para el desarrollo de su formación profesional.

En el ritmo de trabajo adquirido por la jefa de Gobierno parece alcanzable que al cumplirse un año puedan registrarse algunos resultados positivos importantes, aun cuando la experiencia internacional señala que es razonable un plazo de dos años para llegar a resultados notorios cuando determinadas sociedades tienen “crisis de seguridad”.

Solamente para ilustrar con un ejemplo, es un avance que el programa multisectorial para reportar celulares robados y extraviados se incluya desde este lunes en la estrategia de coordinación que debe constituirse dinámicamente entre Gobierno y ciudadanía.

@guerrerochipres