En Palacio Nacional, el conflicto con la Policía Federal se les está haciendo bolas.

Hay en el gabinete de López Obrador quienes exigen aplicar mano dura contra los instigadores del motín y otros que piden unos días más para la negociación.

Pero el problema que aparentemente era responsabilidad sólo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, alcanzó a otras dependencias como la Secretaría de Hacienda, el ISSSTE, además de las Secretarías de Marina y hasta la de la Función Pública.

Lo que más preocupa al gobierno lopezobradorista es que una mayoría de ese ejército de 40 mil policías federales decida aceptar una indemnización en lugar de una liquidación, como está proponiendo el Gobierno.

No hay una partida contemplada porque desde el diseño de la Guardia Nacional se dio por descontado que todos –o la inmensa mayoría- de los federales simplemente cambiarían de uniforme y se sumarían a la nueva fuerza militar.

No ha sido así; por el contrario, la falta de información y sobre todo de planeación para mudarse de federales a guardias provocó la revuelta en que por lo pronto ya promovió la presentación de una solicitud de amparo colectivo para tres mil 500 policías.

A eso súmele el hecho de que los federales se han sentido tratados como de cuarta –ya no de segunda- y desde el Gobierno, diariamente, en lugar de abonar a la conciliación, los acusan de delincuentes y corruptos.

La paradoja es que si ése es el concepto que se tiene de todo ese cuerpo policial, ¿para qué los quieren sumar a la Guardia Nacional?

Y aunque el problema en este momento se puede sintetizar en pesos y centavos, sin la presencia de los federales en la Guardia Nacional, ese nuevo cuerpo estará seriamente disminuido, pues hasta el momento se sabe que los 30 mil efectivos con los que arrancó son militares y marinos.

La promesa fue iniciar con 70 mil elementos, y sobre ese número se planeó su despliegue nacional.

Si los federales ganan y no se incorporan –sea cual fuera la solución del conflicto-, no habrá elementos disponibles de la GN para cumplir las metas de reducción de la incidencia delictiva proyectada por López Obrador.

Por eso es tan importante resolver este asunto.

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En su mañanera, López Obrador amenazó con dar a “conocer los nombres de los jueces que otorgan amparos indebidos’’ que se han presentado en contra de sus grandes proyectos de infraestructura.

La advertencia es tan peligrosa como innecesaria.

Peligrosa porque supone la intromisión –y la intimidación- de un Poder a otro e innecesaria porque de nueva cuenta abre el debate sobre las atribuciones morales que se ha arrogado el Presidente.

¿Cómo puede López Obrador calificar cuando un amparo es o no indebido? ¿Ahora ordenará al Poder Judicial cuándo conceder amparos y cuándo no?

Les digo.

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Esteban Moctezuma, secretario de Educación, designó a Juan Ramón Flores Gutiérrez como su nuevo director de Comunicación Social.

¿Cuál es el tema de este nombramiento?

Que los malquerientes de Flores Gutiérrez revivirán su pasado como vocero del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, con la salvedad que el funcionario dejó el cargo al segundo año del gobierno del priista por desacuerdos –ahora comprensibles- con la forma en la que se llevaba la administración estatal.

Para citar al clásico “no se hagan bolas’’.