Más de cien trabajadores de la construcción se manifestaron afuera de las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) local, en contra de que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México continuamente clausuren obras inmobiliarias en distintos puntos de la capital, particularmente la de Laureles 378, alcaldía Cuajimalpa, construcción en la que actualmente laboran.

En Laureles 378, una obra de 40 pisos de altura, rechazada por los vecinos, el Gobierno capitalino ha acusado diversas inconsistencias.

Desde las 12:30 horas, en medio de gritos, insultos, porras y pancartas, los inconformes exigieron que se ordene el cese a las clausuras o suspensión de actividades en las edificaciones que se realizan en diversas alcaldías.

“Hemos ido a diversas instancias, como al Invea, a las alcaldías, a la Procuraduría General de Justicia y todos nos responden que no es de su competencia, que la única instancia que puede resolver esta situación es precisamente el Tribunal de Justicia Administrativa, a donde ya hemos acudido, pero ahora no nos han querido recibir”, señaló Alejandra Hernández, representante de los manifestantes.

“En varias ocasiones, los magistrados ordenan que las obras clausuradas se reabran y así duran una semana y luego otra vez llegan los del Invea y las cierran”, resaltó en una entrevista con 24 HORAS.

Mientras sus compañeros gritaban diversas consignas frente a las instalaciones del Tribunal, la mujer agregó que los quejosos son albañiles, herreros, cerrajeros, pintores, electricistas, carpinteros, soldadores y plomeros, quienes van a solicitar trabajo a las grandes construcciones que se efectúan en la ciudad.

Se prevé que este miércoles sesione el pleno de la Sala Superior del Tribunal con el objetivo de emitir una sentencia respecto al juicio de nulidad que tiene afectada a la obra en Laureles 278 desde hace meses.

 

Frase

“La mayoría somos jefes de familia, dependemos al 100% de estos trabajos, tenemos que llevar el sustento a nuestras casas, tenemos hijos y van a la escuela; y nos afecta demasiado el hecho de
que el Gobierno local a cada rato mande a sus inspectores y clausuren los lugares donde trabajamos”.

Alejandra Hernández
Trabajadora de la construcción

LEG