Con el bombazo informativo de la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías -a través de una carta donde denunció “la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento… motivado por personajes influyentes del actual Gobierno, con un patente conflicto de interés”-, pasó como bola rápida lo que sucedió en Baja California.
En aquella entidad norteña, en unos minutos modificaron el artículo 8 transitorio de la Constitución estatal, lo que permitirá que el gobernador, Jaime Bonilla, tenga un periodo de cinco años y no de dos, como lo mandataron los electores en las urnas.
De acuerdo a la modificación, el periodo de gobierno de Bonilla dará inicio el 1 de noviembre próximo y terminará el 31 de octubre de 2024.
La minigubernatura, para la cual fue electo el futuro mandatario de Morena, duraría sólo dos años, con el acuerdo político y legal de homologar los procesos electorales en el país.
Así ha pasado en varias ocasiones en la nación; por ejemplo, Tony Gali gobernó del 1 de febrero de 2017 al 13 de diciembre de 2018. ¿Saben el escándalo que se habría armado si los morenovallistas en la Cámara de Diputados poblana le hubieran regalado años de Gobierno, al cercano amigo?
En Baja California se usó un argumento barato, sin sustento legal: el gran gasto que implicaría para la entidad el tener nuevamente elecciones para gobernador en dos años, junto con la intermedia (donde se elegirán varios gobernadores, centenas de alcaldes en todo el país, y renovaremos la totalidad de San Lázaro). No nos engañemos, le regalaron tres años de gobierno a Bonilla.
Muy mal inicia Morena en el norte del país, porque esos 391 mil votantes eligieron otra cosa: les dieron gato por libre, es decir, eligieron gobernador de dos años, y se quedará cinco.
Está en manos de cinco alcaldes el histórico y polémico cambio, porque se necesita al menos tres cabildos a favor de la decisión. Se considera muy probable que lo consigan.
Este columnista le envió un cuestionario al equipo del gobernador Bonilla la noche del lunes 8, donde le preguntamos si considera que el PAN será una oposición responsable, si se considera un Romo (un hombre de negocios con ideas progresistas), si cree lograr en su administración cambiar la imagen violenta de Tijuana, qué planes tiene para Ensenada y Mexicali, si irá a la cárcel Kiko Vega y, obviamente, su opinión sobre el cambio de la Constitución para gobernar tres años más.
Le dijeron a este reportero que le compartían mis preguntas inmediatamente “al particular” y que el gobernador estaba en la Ciudad de México. Al otro día (martes 9), amablemente se disculparon porque seguía en la capital mexicana. Es decir, no quisieron responder a mis preguntas.
¿Será una simple coincidencia el escándalo de la renuncia de Urzúa, el nombramiento de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda y el cambio de la Constitución de Baja California, para que el próximo gobernador maneje la chequera tres años más?
¿De verdad nadie dirá nada sobre el regalazo a Bonilla y solamente nos concentraremos en el cambio en el gabinete de López Obrador, y que el dólar se encareció 35 centavitos?
Por lo pronto, la consejera electoral Pamela San Martín ya advirtió que el Congreso de Baja California viola el Estado de Derecho al ampliar el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, pues es anticonstitucional, suprime decisiones jurisdiccionales y atenta contra la elección del 2 de junio.
“Es muy grave lo que hicieron, es como si mañana el Congreso aprueba una reforma para que el Presidente actual permanezca 10 años en Palacio Nacional o decidan que los gobernadores actuales amplíen su mandato”, alertó la consejera del INE.
Y si todo esto le parece kafkiano, respetado lector, más loco es comprobar que los diputados que aprobaron el “regalazo” a Bonilla son opositores a Morena.
@GustavoRenteria
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