Los miembros del sector privado criticaron que la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada recientemente por el Senado, tiene un tinte de “aspiraciones políticas” y es contradictoria al actuar de algunos funcionarios o dependencias, cuyo gasto sigue siendo excesivo, en lugar de destinar recursos a la inversión para fomentar la creación de empleo.
En el informe semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el organismo que dirige Carlos Hurtado López
señala que si bien hay varios puntos de diagnóstico acertado en dicha Ley de Austeridad, también criticó que incluye medidas “difíciles de precisar” como el darle explícita y personalmente la discrecionalidad de reasignación de recursos al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin siquiera mencionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“No parece una buena práctica bajo ningún punto de vista. (…) Es inadecuado e incluso irresponsable privilegiar a programas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) o de las prioridades presidenciales”, indicó el reporte del organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial.
Agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene inherentemente la responsabilidad de jerarquizar las presiones de gasto, que aparecen de manera inexorable durante el ejercicio del presupuesto y las debe manejar de acuerdo con su importancia.
Además, afirmó que el decreto deja pasar la oportunidad de legislar el destino de las adecuaciones presupuestarias provenientes de ahorros y economías para presiones de gasto supervinientes, como desastres naturales, epidemias y atención de migrantes.
LEG