Uno de los mayores retos para el sector público de salud es afrontar los costos derivados de la atención a enfermedades crónico-degenerativas, en especial la diabetes, padecimiento que para algunos académicos constituye la mayor epidemia de la historia reciente.

Actualmente, más de 70% de la población adulta en nuestro país presenta sobrepeso, mientras que se estima que uno de cada dos niños mexicanos menores de 10 años va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.

Mientras México se ubica como la nación con mayor incidencia de muertes por diabetes en el mundo, algunas de las más grandes empresas de comida procesada consideran que mantener un etiquetado ambiguo y poco claro respecto de la cantidad de azúcar y grasas que contienen es adecuado.

Compañías mexicanas y extranjeras productoras de pan, refrescos, dulces y golosinas se unieron para bloquear la única posibilidad que tienen las familias, los jóvenes y principalmente los niños, para saber de forma sencilla y rápida si un producto tiene altas concentraciones de azúcar, grasas y sodio.

Lo que resulta aún más lamentable es que mientras en Estados Unidos sí cumplen con la normatividad del etiquetado, en nuestro país se oponen a seguir los parámetros que ya implementaron en el extranjero.

Desde finales del sexenio de Felipe Calderón, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo AC en contubernio con la Cofepris y Secretaría de Salud convinieron en que el etiquetado se presentara de manera confusa o engañosa.

El camino no es fácil para el doctor José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya que se enfrenta a grandes intereses económicos, y será sólo con el respaldo del presidente López Obrador y de algunos legisladores, como ya se sumó el morenista José Narro Céspedes, para meter en cintura a estas compañías.

Otra asociación civil de Felipe Calderón

Recientemente López Obrador dio a conocer que en el sector salud se tiene un déficit de 123 mil médicos, situación heredada por Gobiernos anteriores.

Según las cifras oficiales, en México hay 270 mil 600 médicos generales, mientras que la norma internacional establece que debemos tener 393 mil 600 médicos, es decir, nos faltan 123 mil.

Por ello, el Ejecutivo Federal acusó que la falta de médicos en el país se debe a la alta tasa de rechazo registrada en las universidades públicas, mientras que en las privadas el costo es demasiado excesivo, sobre todo cuando los gastos permanecen aun después de haber finalizado los estudios, como el de la certificación que se mantiene en manos de un particular.

Al igual que en el etiquetado de alimentos, el ex Presidente entregó a una asociación civil la certificación de los médicos del país: la Conacem, de Onofre Muñoz, misma que desde 2015 se encarga de generar médicos de primera y segunda, operando como un gran cartel de la salud evita a toda costa que la certificación de médicos especialistas regrese a manos de una entidad pública.

Ya existe una iniciativa en el Senado para devolver la certificación al Estado, con lo que se podría generar un ingreso adicional al erario, y al mismo tiempo disminuir los costos para los solicitantes, pues en años recientes esto alcanzó un monto de 600 millones de pesos, que bien podían sumarse a los programas de salud.