Entre todas las reacciones que provocó la renuncia de Carlos Urzúa, quizá una de las que más explican el fondo de este asunto es la del senador Ricardo Monreal. “Si los programas fueron compromisos de campaña, ¿por qué aceptó el cargo?”, se cuestionó el zacatecano en redes sociales.
En su entrevista con la revista Proceso, el ex titular de Hacienda enumeró las decisiones con las que no estuvo de acuerdo y lo orillaron a azotar la puerta de la 4T. Destacan la cancelación del nuevo aeropuerto, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el proyecto del Tren Maya, el enfrentamiento con Canadá por el ducto Texas-Tuxpan y los severos recortes al gasto público.
Al menos cuatro de estas cinco razones eran conocidas desde la campaña y fueron operadas en tiempos de la transición. Otorgado el beneficio de la duda, Urzúa aceptó el cargo sin estar de acuerdo con estas decisiones, pero sin conocer la magnitud del daño que éstas provocarían.
El ejemplo más claro es la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Más allá de los costos por rescindir los compromisos ya asumidos, no cabe duda que esta decisión tendrá un impacto negativo para la economía en las próximas décadas.
El actual aeropuerto genera una derrama equivalente a 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de 300 mil millones de pesos. Con su máxima capacidad, el NAIM representaría ganancias para la economía similares a 6% del PIB.
Cuatro puntos del PIB es el verdadero costo de la decisión del presidente López Obrador de cancelar una de las obras de infraestructura más importantes de nuestra historia reciente y con la que su ex secretario de Hacienda no estuvo de acuerdo.
Otras obras, de las que hasta el momento sólo se tienen los costos de inversión, tendrán un impacto negativo para la estructura macroeconómica. Según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la construcción del Tren Maya representará un gasto de al menos 480 mil millones de pesos.
Dos Bocas, proyecto que se ha insistido en que no tendrá rentabilidad alguna y que, según la calificadora Moody’s, pondrá en riesgo la estabilidad financiera por la falta de experiencia de Pemex en este tipo de obras, podría costar entre 150 mil y 175 mil millones de pesos.
El pleito de Bartlett con la paraestatal canadiense (es decir, con el Gobierno de ese país) por la construcción del ducto Tuxpan-Texas podría costarle a México 80 mil millones de dólares, según reconoció el propio presidente López Obrador, además de provocar desabasto de electricidad en la península de Yucatán y aumentos en las tarifas eléctricas.
Las ocurrencias tienen un costo. Carlos Urzúa no estuvo de acuerdo con ellas, ni con quienes las impulsaron ni con el daño que le harán a la nación. Sin embargo, la historia le reclamará no haberlo denunciado en su momento.
Segundo tercio. Existe mucha preocupación en el cuerpo diplomático acreditado en México por la salida de Urzúa. No se entienden las formas y el fondo de su decisión.
Tercer tercio. Noticias de la Guardia Nacional: tres de sus integrantes fueron detenidos por pertenecer presuntamente a una banda dedicada al secuestro en el estado de Guerrero.