Jesús “N” lleva un año cuatro meses encerrado en el penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas; en 60 días pasó de testigo a indiciado en el asesinato del periodista Carlos Domínguez. Ha enflaquecido y la depresión le lleva a arrancarse mechones de pelo, su esperanza está puesta en el juicio a celebrarse este 31 de julio, ahí espera que se demuestre su inocencia.
“Justicia, que se haga justicia, que lo dejen libre porque él no es ningún asesino. Eso es lo que pediría para mi hijo”, clama su madre, Guadalupe Zúñiga de González. Entrevistada por Notimex, relata que Jesús no tiene antecedentes penales y que para su familia ir al penal a visitarlo es un sufrimiento.
“Nunca habíamos estado en un penal, y entras como a otro mundo”, detalla su hermana Cynthia, quien añade: “la otra vez vi que el hijo del señor Carlos Domínguez está acusando a mi hermano de asesino, yo nada más quiero decirle que mi hermano no es ningún asesino”.
Antes de su detención por agentes ministeriales, ocurrida a fines de marzo de 2018, Jesús estudiaba y trabajaba; el día de su aprehensión “nos habló que estaba detenido, nos dijo que le habían puesto una bolsa en la cabeza y que le habían pegado; nos dejamos ir al lugar donde estaba, en una celda, sólo le veíamos la cara. Estaba devastado llorando, diciendo que él no había hecho nada, ya de ahí se lo llevaron al penal”, acusa su hermana.
Jesús y Luis “N” son pareja. Ambos están acusados del mismo delito y permanecen en la cárcel. El día de los hechos, de acuerdo con sus testimonios, después de desayunar, acudieron a cubrir una manifestación y posteriormente llegaron al lugar donde había sido atacado Carlos Domínguez.
Dentro de las investigaciones fueron citados por las autoridades, así como otros periodistas, entre ellos Gabriel Garza Flores, para que declararan en torno a lo que vieron el día del asesinato.
“De todos los periodistas que citaron, metieron a la cárcel a mis representados Jesús, Luis y Gabriel, quien murió en el penal porque no recibió la atención médica que requería, él era diabético”, explica el abogado José Roberto Puente Martínez.
El representante de los periodistas detalla que la acusación está fundamentada solo en los dichos de la nuera, de unas llamadas telefónicas que la Procuraduría relacionó, revisando el teléfono del occiso y de Gabriel Garza, “que es el único que habló con él ese día, porque eran compañeros periodistas y se conocían de muchos años”.
Actualmente la atención de los abogados defensores está enfocada al 31 de julio, fecha que finalmente designó el juez para celebrar la audiencia para el juicio, ya que ésta ha sido pospuesta varias veces.
“El proceso ha sido lento, desgraciadamente han puesto muchas trabas en el caso, desde el principio, se les había mandado a un penal diferente fuera de Nuevo Laredo, pero obtuvieron un amparo y tuvieron que ser devueltos a la frontera”, indicó.
La defensa y familiares de los procesados argumentan que entre los aspectos irregulares del caso se destacan varios puntos:
— Que las seis personas detenidas nunca han estado juntas en un mismo sitio y a la misma hora, y que nunca hubo comunicación simultánea entre ellos antes del asesinato.
— Los periodistas no conocen al supuesto autor intelectual, el empresario Jorge “N”, quien está recluido en el penal de Tepic, Nayarit; tampoco conocen a los dos autores materiales que están detenidos en el penal de Altamira y que son originarios de Zacatecas.
— Se comprobó científicamente, mediante sus teléfonos celulares, que los dos supuestos autores materiales no se encontraban en Nuevo Laredo el día 13 de enero, cuando asesinaron al periodista Carlos Domínguez.
— Que el juez desechó el delito de vinculación, con lo cual no se pudo comprobar que hay relación entre ellos para planear y ejecutar la muerte del periodista.
— Inicialmente quisieron calificar el caso como crimen pasional, pero no pudieron probarlo.
— La nuera del periodista ha ido cambiando sus declaraciones, hasta en nueve ocasiones, y en cada una la firma es distinta, por lo que se solicitará un examen grafológico.
— La nuera, testigo del asesinato de su suegro, declaró que las tres personas que participaron llevaban pasamontañas, por lo que no pudo reconocer a ninguno.
— Los seis detenidos están en penales distintos, contraviniendo las reglas, porque deberían estar dentro del penal de Nuevo Laredo, donde ocurrieron los hechos.
— Se pagó una recompensa por parte del gobierno de Tamaulipas de 2.5 millones de pesos. El caso fue remitido a Ciudad Victoria.
— Uno de los supuestos asesinos materiales asumió la autoría, relacionó a los demás detenidos porque le prometieron el pago de la recompensa, pero no le cumplieron así que decidió declararlo ante las autoridades.
Existe un expediente oculto
Notimex tiene una copia de la carpeta de investigación NUC 151/2018, donde consta que el policía investigador Abner Jazzel Mozqueda Hernández hace del conocimiento del agente del Ministerio Público, Nicolás López Juárez, que la camioneta y las pertenencias aseguradas después de un enfrentamiento donde murieron dos personas, pudieran estar relacionadas con el caso del periodista.
En enlace a esa información detallada, que publicó Notimex el 27 de junio del año en curso, es http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/716920/el-expediente-oculto-caso-carlos-domínguez
Los agentes investigadores que participaron en el enfrentamiento contra los presuntos delincuentes abatidos, fueron concentrados en Ciudad Victoria, algunos renunciaron a la corporación, otros están sujetos a proceso por el delito de secuestro, entre ellos el policía Mozqueda Hernández, testigo importante en la indagatoria.
La defensa solicitó la carpeta de investigación para que se incorporara esa línea de investigación, porque la camioneta tiene características como la que usaron los asesinos para interceptar al periodista y huir, y había dos pasamontañas y un cuchillo con huellas hemáticas, pero el agente del Ministerio Público denegó la solicitud.
“La defensa ha decidido exponer este punto en el juicio y además solicitaremos la presencia del policía investigador, así como de la nuera, del Agente del Ministerio Público. Y también pediremos que estén presentes todos los indiciados, ya sea físicamente o por vía electrónica para interrogarlos”, explicó el abogado José Roberto Puente Martínez.
El juicio oral, que será a puerta cerrada por tratarse de un homicidio, será definitivo para probar la inocencia, según explica el abogado defensor.
“Pero nosotros queremos que haya representantes de la prensa, para que conozcan todos los pormenores del caso, y sepan que las pruebas contra mis defendidos son inconsistentes”, dijo.
Consideró que por las características del caso la Fiscalía de Tamaulipas a cargo de Irving Barrios intentará diferir la audiencia, para continuar manteniendo a los presuntos responsables en prisión.
“No hay ningún elemento que los vincule a ellos con la muerte del periodista, creemos que este juicio va a ser una prueba para la justicia de Tamaulipas de demostrar su independencia del poder Ejecutivo”, apuntó Puente Ramírez.
Móvil político
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señala que el caso está lleno de irregularidades como el hecho de que los detenidos fueron sometidos a tortura para declararse culpables.
Por ello se solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se aplique el Protocolo de Estambul para comprobarlo, lo que significaría que cualquier declaración es inválida, pero hasta ahora la respuesta es que no se cuenta con personal para llevar a cabo ese procedimiento.
“Quiero mandar un mensaje al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, me parece que es tiempo de reconsiderar esta detención arbitraria. Me parece que es tiempo de hacer justicia liberando a todas estas personas, principalmente a nuestros representados, que limpie la memoria de Gabriel Garza Flores y que permita que el señor Rodolfo regrese con su familia, a sus actividades normales”, solicitó.
Aseguró que la detención de los periodistas y el empresario tienen como fin terminar la carrera política del ex alcalde panista de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas, enemigo político del gobernador, ya que el empresario detenido es familiar por parte de su esposa.
“El gobernador tiene mucho qué perder, porque tarde o temprano vamos a demostrar la inocencia. Hago un llamado al fiscal Irving Barrios de que es hora de renunciar, este caso les puede costar la libertad, porque él y otros funcionarios han alterado evidencias y se han beneficiado económicamente”, aseguró.
Y dada la defensa hecha en este caso, “responsabilizo al gobierno de Tamaulipas de todo lo que nos pueda suceder, a mí, a los familiares, a los detenidos, a mi familia”, dijo.
Por su parte, la mamá de Jesús expuso que la muerte de Garza Flores afectó mucho a su hijo y a Luis, su pareja, “yo voy una vez a la semana a verlo, pero siempre está triste, y más con la muerte del señor Gabriel”, finalizó.
fahl