En esta columna hemos dado puntual seguimiento a la lucha de miles de médicos para que la certificación de sus especialidades vuelva a ser otorgada por organismos del Estado, ya que desde 2011 esto quedó en manos de un privado.
Hay que recordar que luego de ser cuestionado respecto a que durante el sexenio de Felipe Calderón se le entregaron facultades extralegales a una asociación civil para que se encargara de la certificación médica de todos los galenos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar el tema.
Por otro lado, el Senado ha empezado a tomar cartas en el asunto para eliminar cualquier signo de opacidad, corrupción y garantizar que los especialistas que laboran en el país, por un lado, cuenten con las habilidades necesarias y, por el otro, que obtener su certificación no sea sólo un asunto monetario.
El morenista José Narro Céspedes ha sido enfático en sus declaraciones sobre el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), institución civil encargada de otorgar dichas certificaciones.
Para el zacatecano, la Conacem no ha realizado una rendición de cuentas transparente y exhaustiva de los montos que recibe anualmente y que se calculan en cerca de 600 millones de pesos, pues un médico puede llegar a pagar hasta 25 mil pesos para obtener la certificación.
De ahí la necesidad de revisar la legislación en la materia, a fin de que existan normas claras cuyo único objetivo sea fortalecer el sistema de salud nacional, contar con médicos suficientes y con la preparación necesaria para enfrentar los retos de la población, pero también evitar que un tema tan importante recaiga en una asociación particular cuyas actividades se prestan a la discrecionalidad.
El miércoles pasado, 17 de julio, en el seno de la Comisión de Salud del Senado, los legisladores Guadalupe Antares Vázquez y Miguel Ángel Navarro presentaron una iniciativa de ley para reformar el artículo 81 de la Ley General de Salud, cuya finalidad es que nuevamente la certificación médica sea efectuada por la Secretaría de Salud Federal, con lo que los recursos de los médicos que se postulan para obtenerla puedan ser canalizados de manera directa a desarrollar mejoras en el sector y generar un círculo en el que todos ganamos.
En este sentido, Navarro Quintero coincide en que ante el nuevo principio de austeridad es imperativo que se modifique el Marco Normativo Legal, pues no deben existir estructuras paralelas a las del Gobierno cuya esencia es una clara visión de negocios por encima del fortalecimiento del Estado.
Los senadores proponen que la emisión de especialidades médicas corresponda a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas, y señalan que la expedición de la cédula de médico especialista sea responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Profesiones.
Lograr que los cambios se aprueben por el Congreso de la Unión será un acierto para el gobierno de López Obrador, ya que se cumpliría la meta de terminar con los privilegios y negocios gestados en administraciones anteriores, y que actualmente son uno de los factores para que en el país hagan falta 120 mil médicos y especialistas para dar atención.
En marcha…
Mañana algunas organizaciones campesinas marcharán en el Centró Histórico con dirección al Zócalo.
Su intención es solicitar audiencia con el Presidente y entregarle algunas propuestas de políticas públicas con las que consideran se podría impulsar a los sectores económicos rurales.