Por: Mario Galeana, 24 Horas Puebla
El gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta anunció que promoverá una Ley de Participación Ciudadana que incluye la regulación de las consultas ciudadanas y la conformación de contralorías integradas por personas de la sociedad civil.
A través de su cuenta de Twitter, el morenista reveló ayer que el proyecto de ley que presentará ante el Congreso local incluirá la realización de audiencias públicas presididas por integrantes de su Gobierno, además de la integración de comités de participación de pueblos originarios y comunidades indígenas.
El coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, anunció que la iniciativa se presentará una vez que Barbosa Huerta rinda protesta como gobernador constitucional, es decir, después del 1 de agosto.
La propuesta recoge iniciativas implementadas por las administraciones anteriores, como la elaboración de presupuesto participativo y la consolidación de comités vecinales.
“La LPC (Ley de Participación Ciudadana) de Puebla tendrá como principios: la democracia, la corresponsabilidad, la pluralidad, la solidaridad, la responsabilidad social, el respeto, la tolerancia, la autonomía, la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, los derechos humanos y la perspectiva de género”, abundó el próximo gobernador del estado.
Días antes, Barbosa Huerta anunció que cada martes él y los titulares de las dependencias darán audiencias públicas a la ciudadanía, mientras que los equipos de las secretarías recorrerán las más de 20 regiones del estado cada dos meses.
En el proyecto de la Ley Orgánica de Administración Pública, una propuesta que presentó a través del bloque Juntos Haremos Historia el pasado 19 de julio, el gobernador electo incluyó un capítulo dedicado a la participación ciudadana.
En él, se especifica que los titulares de las dependencias podrán promover la formalización de la participación, a través de la constitución de organismos que actúen como “instancias de análisis y opinión y que tengan por objeto manifestar los intereses de la sociedad”.
Estos organismos, según el proyecto, podrán crearse o extinguirse por decreto, y funcionarán permanente o temporalmente.
Entre sus funciones se encuentra sugerir programas y acciones para la solución de problemas específicos, presentar denuncias por la actuación indebida de servidores públicos y promover el bienestar, la competitividad, el empleo, la estabilidad y el desarrollo integral de la sociedad.
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