Quien sigue muy activo en la tarea legislativa es el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues desde hace tiempo prepara una iniciativa de ley para frenar los actos de usura, robo, extorsión y lavado de dinero, que se cometen a través de lo que se ha llamado préstamos “gota a gota”.

La propuesta que será presentada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión plantea la modificación de diversos artículos del Código Penal Federal, así como de la Ley de Instituciones Financieras, con el fin de establecer las agravantes y hacer más duras las sanciones a este tipo de prácticas ilegales, que afectan sobre todo a las personas de escasos recursos.

Y es que, en la actualidad, las penas fijadas para este ilícito van de tres días a seis meses o de 30 a 180 días de multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda 10 veces el salario; prisión de seis meses a tres años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de la estafa sea mayor a 10, pero no de 500 veces el salario.

Pero ¿en qué consiste el préstamo gota a gota?

De acuerdo a la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quienes se dedican a esta práctica ofrecen créditos “fáciles” al entregar al interesado en un día el monto solicitado, sin consultar el buró de crédito, sin aval y sin contrato; el único requisito solicitado es tener un negocio y una identificación oficial.

Los préstamos se hacen, principalmente, a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, con un interés aparentemente bajo, pero debido a que se cobran a diario o de manera mensual, la deuda se vuelve impagable en el corto plazo.

Tan sólo en la Ciudad de México la red de prestamistas “gota a gota” está integrada por cerca de mil 500 personas, sobre todo sudamericanas, que llegaron a nuestro país en calidad de turistas y que han encontrado en este tipo de prácticas ilegales una forma de hacer dinero fácil.

Hace un par de semanas, el Gobierno de Colombia, a través de su consulado en la capital del país, recomendó a las autoridades emprender una serie de reformas en materia penal para combatir dichas redes de prestamistas.

Y vaya que en Colombia saben muy bien cómo se da esta modalidad de “ayuda”, pues tal práctica, que también está asociada a otros delitos como agresiones y amenazas, inició en las zonas rurales y semiurbanas en este país, y a lo largo del tiempo se ha ido extendiendo a varias naciones de América Latina a través de bandas que se encuentran vinculadas a delitos de usura, robo y lavado de dinero.

Ojalá que los senadores también le entren a reformar el Sistema Financiero a fin de que se facilite el acceso de la gente de escasos recursos a préstamos legales y con intereses bajos, pues en el mayor de los casos la banca exige una serie de requisitos burocráticos para poder obtener un crédito, por lo que se ven obligados a recurrir a los grupos de usureros.