Desde las trajineras, las carretas tiradas por burros, el tranvía, los “peseros” y “combis”, el metro, el tren ligero, el metrobús, las ecobicis y patines eléctricos, hasta el próximo teleférico a construirse, intento imaginar la gran cantidad de vidas que el transporte público en nuestra ciudad alguna vez trasladó y seguirá movilizando desde sus cuatro puntos cardinales con extensión a la zona metropolitana.
Se consideran ciudades prósperas aquellas que han mejorado la cobertura y la calidad de su infraestructura de vivienda, social, tecnologías de la información, movilidad urbana y de conectividad de las vías.
De acuerdo a la Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017, elaborada por el INEGI, el 50.9 % de los viajes entre semana se realizan en transporte público –ocupando el metro el segundo lugar como principal medio de transporte, después de los microbuses y combis- mientras que el 22.3% se realizan en transporte privado.
La misma encuesta da a conocer que, en la metrópoli, seis de cada diez viajes para ir al trabajo tardan de 31 minutos a 2 horas, en tanto que en los municipios conurbados, el 7.2% de los viajes emplean más de 2 horas.
Nuestra ciudad requiere trazar rutas informadas de transporte y movilidad; es decir, que las autoridades garanticen a sus habitantes servicios de transporte público suficientes y eficientes, así como el uso de otros medios alternativos que mejoren la movilidad urbana, asegurando que las y los capitalinos tengan acceso a información sobre los mismos, pues lo anterior tiene un impacto directo en su productividad y calidad de vida.
El metro, por ejemplo, tiene una función estratégica en el desarrollo de la metrópoli, no solamente por su bondad de ser eléctrico, sino porque cuenta con gran capacidad, velocidad y conectividad; sin embargo, su operación demanda su puntual conservación, y según se valore, su renovación o crecimiento de infraestructura.
El Plan Maestro del Metro 2018-2030 establece que las necesidades de mantenimiento mayor a la infraestructura actual requieren de contrataciones por conceptos diversos, tales como la modernización o sustitución de tableros para control de operación en las estaciones, rehabilitación o adecuación de los sistemas de telecomunicaciones, impermeabilización, entre otros.
La manera en que el gobierno ejerce las contrataciones relacionadas con el transporte público es un tema de interés para las y los ciudadanos, pues son quienes al final resultan beneficiados o afectados por las decisiones públicas que se adopten.
Al respecto, traigo a colación los casos RR.IP.1804/20149 y RR.IP.1944/2019 a cargo de la Ponencia que dirijo, en los cuales se ordenó al Sistema de Transporte Colectivo Metro a entregar copia digitalizada de todos los contratos y convenios de colaboración celebrados del 5 de diciembre de 2018 al 21 de mayo de 2019.
Las personas tienen derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. El gobierno debe asegurar un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, por ello, es de interés colectivo saber en qué y cómo se gasta el dinero público en este tema y que las autoridades transparenten y rindan cuentas de su aplicación.