Las restricciones en comunicación y publicidad ordenadas por el Presidente de la República están afectando al sector de seguridad.

 

Nos encontramos en la fase que el columnista Manuel Buendía caracterizaba como no-política de comunicación social.

Las cifras de seguridad circulan sin explicación oficial, las acusaciones de presuntas complicidades carecen de respuesta, el aumento de la delincuencia se manipula sin orden, las autoridades deciden y dejan mensajes sin explicación. Y a todo ello, la sociedad responde con miedos.

El secretario Alfonso Durazo Montaño ha puesto orden en el sector de seguridad, pero pocos saben cómo y sus alcances. La crisis con la rebelión de policías federales dejó espacios mediáticos a los inconformes, sin que se circularan los datos reales sobre la desorganización de la Policía federal y Gendarmería.

El concepto de militarización ha quedado en el imaginario colectivo como un endurecimiento policiaco que aumentará las cifras de represión y de delincuentes muertos, sin que se haya aclarado el motor de profesionalización policiaca que llevaría a la Guardia Nacional la incorporación de policías militares y navales.

Los datos oficiales no coinciden: la encuesta de percepción de inseguridad bajó casi un punto porcentual, pero las cifras de violencia exhiben el periodo enero-junio como el más violento y criminal de la historia y los medios están llenos de quejas y delitos al menudeo.

La información debiera de cohesionar a la población, pero su ausencia aumenta el pánico social. El embudo de la mañanera no tranquiliza a los habitantes porque dispersa datos y temas.

Los cuatro elementos de la comunicación social no existen en materia de seguridad: información, relaciones públicas, publicidad y propaganda. Cada quien asume su propio pánico. Y al final, la falta de información como estrategia de Gobierno se convierte en otro factor de inseguridad de la sociedad.

Zona Zero

·    Cada día se confirman datos de que bandas de delincuentes al menudeo están formadas por extranjeros centro y sudamericanos, sobre todo venezolanos -que asaltan casas- y hondureños. Se trata, dicen algunos expertos, de personas que ingresaron de manera ilegal a México, sin registro migratorio y se han asentado en la Ciudad de México y en las metrópolis fronterizas.