El próximo jueves 1 de agosto, Luis Miguel Barbosa asume como gobernador constitucional del estado de Puebla, y llega con la encomienda de la ciudadanía de encarar y solucionar los múltiples problemas que aquejan a la entidad.

Y vaya que no son pocos, pues desde hace un par de sexenios la entidad se ha sumido en una espiral de inseguridad, sobre todo con la presencia de grupos dedicados al robo de combustible, con la consecuente ola de violencia que ello conlleva, pero también hay que agregar la estrepitosa deuda pública que heredaron las administraciones ligadas al morenovallismo, la cual, según algunos analistas, podría ascender hasta a 30 mil millones de pesos.

Sin lugar a dudas, estos dos rubros son los que más preocupan a la sociedad poblana, y deberá encarar como prioridad el nuevo Gobierno morenista, y sin llegar a una cacería de brujas; sí se tiene que dejar en claro el porqué de la proliferación del crimen organizado y si el crimen de cuello blanco hizo uso indebido de las finanzas estatales.

El aún gobernador electo ha dicho que una vez que asuma el Gobierno, se realizarán todas las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la contratación de la deuda, en la conformación de fideicomisos y en las asignaciones de obra pública, y de encontrarse responsabilidades se actuará en consecuencia, porque Puebla necesita saber la verdad.

Una de las banderas de Barbosa es terminar con la corrupción que se ha enquistado en la administración pública, para lo cual pondrá en marcha una “eficiencia institucional” en los sistemas anticorrupción, de transparencia, rendición de cuentas  y participación ciudadana.

La intención, nos dicen, es aplicar en el estado los principios de la denominada “cuarta transformación”, es decir, dar prioridad a la restitución de la seguridad pública, instaurar un Gobierno austero y al mismo tiempo combatir la corrupción y la pobreza.

Otro asunto que deberá atender para que la suya pueda ser una administración exitosa es la unidad de los poblanos, pues el proceso electoral de 2018 dejó a una sociedad polarizada y con graves heridas abiertas.

Como quiera que sea, Luis Miguel Barbosa no la tiene nada fácil, pues deberá luchar contra muchos intereses que se crearon durante las administraciones pasadas y que son los que mantienen a Puebla sumida en la corrupción, la inseguridad y el endeudamiento sin precedentes.

¿LA MESA DIRECTIVA DE SAN LÁZARO PARA EL PAN?

Nos dicen que al interior de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados se libra una lucha por ver quién presidirá la Mesa Directiva para el segundo año de labores legislativas, que inicia el 1 de septiembre.

Y es que, luego de que el partido Morena se comprometió a respetar la Ley Orgánica de San Lázaro y los acuerdos establecidos para que Acción Nacional se quede con esa posición, al menos seis diputados azules han levantado la mano; se trata de Laura Rojas, Adriana Dávila, Jorge Luis Preciado, Marco Antonio Adame, Elías Lixa y Marcos Aguilar.

El elegido saldrá de una elección interna que se llevará a cabo el 26 de agosto, y aunque los aspirantes se han comprometido a respetar los resultados, ojalá honren su palabra.