Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, resultó un principiante. El Gobierno federal usó 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios.

Así inicia el gran reportaje de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, donde se informa a la opinión pública sobre la utilización de 11 dependencias para desviar siete mil 670 millones de pesos.

Ese dinero fue entregado a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tenían ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas. O simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga, no entregó contratos directamente a empresas, sino que primero usó a ocho universidades públicas.

Por eso, un grupo de ex gobernadores deben estar igual de preocupados que la misma ex jefa de Gobierno, ex presidenta del PRD y ex titular de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano), porque aunque “autónomas”, los dineros de las casas de estudio los manejaban los titulares de los Ejecutivos locales.

Nos referimos al ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila (rector de la Universidad Autónoma del Estado, Jorge Olvera García); ex gobernador de Campeche, Fernando Eutimio Ortega Bernés (rectores de la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio Ruz Hernández y Sergio Augusto López Peña); el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu (rector de la Universidad Autónoma del Estado, Alejandro Vera Jiménez).

También Andrés Granier y el ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien seguramente ya está fuera del país (rectores de la Universidad Popular de la Chontalpa, José Víctor Zárate Aguilera, José Luis Hernández Lazo y Pedro Javier Muñoz Vergara; y de la Universidad Juárez, José Manuel Piña Gutiérrez).

De igual manera, en Tabasco, también estuvieron involucradas la Universidad Politécnica del Golfo de México (rector involucrado Luis Andrés Domínguez); Instituto Técnico Superior de Comalcalco (rector Carlos Mario Olán López) y la Universidad Tecnológica del Estado (rector Fernando Calzada Falcón).

Una de las líneas de investigación es que la afinidad perredista, entre Rosario Robles Berlanga y el entonces gobernador amarillo Arturo Núñez, logró la desaparición del dinero con gran amistad de por medio.

Pero todo eso lo tendrá que demostrar el equipo de Santiago Nieto Castillo en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y claro deben tener más datos en las carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República.

Por lo pronto, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, calificó a la Estafa Maestra como un claro acto de corrupción.

Veremos hasta dónde llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la gran investigación de Animal Político, que hizo 517 solicitudes de información, investigó a 186 empresas en seis entidades, visitó 85 domicilios fiscales, 21 direcciones de accionistas de empresas, realizó más de 100 entrevistas a vecinos de esas supuestas unidades de negocio y analizó 100 actas constitutivas, 43 declaraciones de funcionarios, 5 procesos de licitación, 5 declaraciones de impuestos y 7 leyes y reglamentos federales.

Deben estar muy nerviosos Rosario Robles, Eruviel Ávila, Alito Moreno, Graco Ramírez y Arturo Núñez. Veremos qué dice la señora el 8 de agosto ante las autoridades.