Hay ira y cálculo cínico entre los huachicoleros ante el Gobierno federal y, en particular, lo muestra el ataque a la patrulla que lo representa aisladamente.
No se necesita un ensayo de ciencia política para entender que en México el camino del combate a la corrupción, la impunidad y la ilegalidad apenas es la entrada de una cueva y la boca de ella tiene afilados dientes.
La furia de la clase política desplazada, y específicamente su segmento que se sabe partícipe de apropiación privada de bienes públicos, nuestra definición de lo que significa corrupción, es preocupante. El Gobierno federal debe alertarse al respecto. El liderazgo popular y mayoritario podría ser insuficiente contra la amenaza que significa una fiera herida e iracunda.
La violencia y el coraje, presentados por quienes apedrean una patrulla, a representantes de la Guardia Nacional o la que se expresa en la frase según la cual se tiene “un chingo” de dinero para ganar cualquier juicio y movilizar cualquier voluntad son representativos de la inmensa prepotencia que prevalece, agravada por un inmenso resentimiento respecto del Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y con él, a las fuerzas populares y progresistas que se hicieron del poder nacional en julio pasado.
El huachicoleo o los contratos con multimillonarios moches se asemejan en constituirse como medios de operación de quienes sienten que al perder una u otra actividad les privan de un derecho o de un trabajo legítimo.
Al mismo tiempo, la evidencia de que existe disposición política, es decir, de promover acciones administrativas y penales contra los responsables de corrupción es alentadora de una nueva época.
Las investigaciones contra actos en perjuicio del patrimonio nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto progresan y disminuye aparentemente el potencial de la gran cantidad de recursos para enfrentar al actual primer mandatario.
El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, ha renunciado a los amparos contra su detención por las acusaciones de haber recibido 10.5 millones de dólares por favorecer a la empresa Odebrecht en contratos de obra pública y por irregularidades en la compra de la empresa Agronitrogenados.
Existe la tentación de asumir que envía un mensaje de disposición ante las autoridades luego de que fue detenida nada menos y nada más que su progenitora.
El ex funcionario ya no contaría entonces con medidas que impidan su captura y tampoco sostendría la misma actitud reflejada, con su ejemplo para el anecdotario de la prepotencia mexicana, en la arrogancia del segmento más cupular de la aristocracia priista que habría naufragado en 2018.
De igual manera, la Fiscalía General de la República prosigue investigaciones contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusada del caso conocido como Estafa Maestra, aquella consistente en triangular contratos por estudios que debían haber sido realizados por universidades públicas.
Si Calderón pasará a la historia por su “guerra al narcotráfico”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se distinguirá, eventualmente, por la guerra contra la corrupción.
Un viraje de esa magnitud provoca resistencias, ira… y temores en los probables responsables del latrocinio nacional.
@guerrerochipres