Las comunidades afectadas por el derrame de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi presentaron un “amicus Curiae” para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabra el fideicomiso creado hasta que se reparen los daños ocasionados por la minera.
En un acto afuera de la SCJN, señalaron que de los dos mil millones de pesos que se destinarían a las medidas de remediación tras el derrame de ácido hace cinco años, la empresa solo ha gastado mil 200 millones de pesos de los recursos, pese a ello, se han incumplido muchos de sus compromisos.
Por ejemplo, la clínica que trataría casos de intoxicación por metales pesados cerrará este martes porque la compañía así lo pactó con el gobierno de ese entonces, a espaldas de los habitantes de la zona, muchas de las plantas purificadoras no se construyeron y el dinero se ha manejado con opacidad.
El miembro del equipo legal de la asociación Poder, Luis Miguel Cano, señaló que de acuerdo con el marco jurídico, esos acuerdos no se pueden hacer a espaldas de las personas y las comunidades afectadas.
Sin embargo, la ruta diseñada por el gobierno y la empresa fue inadecuada porque permitió que acordaran sin informar y sin hacer partícipes a las personas.
Los representantes de las comunidades detallaron que de reabrirse el fideicomiso se tendría que transparentar cómo se usaron los mil 200 millones de pesos, ejercer los 800 millones restantes comprometidos y evaluar que otras inversiones se tendrían que hacer.
Y es que, como parte del plan, se trazaron cinco zonas para hacer una remediación ambiental, de las cuales solo una se llevó a cabo, los primeros 30 kilómetros del derrame, pero el río tiene más de 250 kilómetros de cauce, en donde hay comunidades.
En este sentido, la habitante de Bacanuchi, Irene Moiza, aseguró que han sido cinco años de impunidad, de enfermedades, que sus animales mueran sin ninguna explicación, de incertidumbre y angustia, de no saber si el agua está contaminada, lo mismo que los productos que cultivan.
Mientras que Óscar Encinas, un pequeño productor del municipio de Ures, expuso que a raíz del derrame en los ríos vino a destruir sus vidas, ya que la economía en la zona ha bajado 70%
Y es que, detalló, sus cultivos de calabaza, trigo, alfalfa, lo mismo que aquellos de los habitantes de la región, se han ido para abajo, ya que no tienen mercado.
“No queremos otra repetición, queremos respeto a nuestros derechos humanos… yo soy un representante legal de ese fideicomiso que se hizo para remediar la calidad del ambiente, la salud y agua, un ambiente contaminado que tenemos sobre el Río Sonora y Bacanuchi”.
MGL