El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que realizará una auditoría de las finanzas del estado durante el periodo de 2011 a 2019, es decir, sobre los Gobiernos de Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad, Martha Érika Alonso Hidalgo, Jesús Rodríguez Almeida y hasta el interino Guillermo Pacheco Pulido.

Entrevistado por Radio Fórmula, el mandatario fundamentó su decisión en el “comprometido” estado de las finanzas públicas que recibió al rendir protesta al cargo, ya que sólo podrá utilizar 600 millones de pesos para lo que resta del año.

“Recibimos las finanzas públicas del estado sumamente comprometidas, al encontrarnos con una deuda que asciende a más de 44 mil millones de pesos. Por lo anterior, he instruido la realización de una auditoría de los gobiernos estatales de 2011 a 2019. Puebla tiene derecho a conocer la verdad”, dijo.

Días antes, Barbosa Huerta reprochó al Gobierno interino haber dejado una bolsa de alrededor de 650 millones de pesos sin asignar, lo que compromete sus compromisos de campaña, entre los que destaca la contratación inmediata de mil policías más.

“En seis meses se gastaron 99% de lo que debían gastarse a lo largo del año. Gastaron como si se fueran a quedar seis años”, acusó durante la firma de un convenio de seguridad firmado en Tehuacán el 4 de agosto pasado.

PAN se suma y pide auditoría

La advertencia del gobernador de Puebla halló eco en la oposición. La presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, pidió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realice una auditoría profunda al uso de los recursos durante la gestión de Pacheco Pulido.

Ayer, en conferencia de prensa, consideró que la falta de presupuesto para el estado es una “lamentable noticia porque eso significa que 2019 será un año perdido para Puebla”.

“Hace un mes nosotros lo denunciamos, y creo que nos quedamos cortos. Pero alguien trató de engañar a este gobierno (al de Barbosa) y por supuesto a los poblanos, pues en seis meses se gastaron prácticamente 99% de los recursos”, señaló.

“¿Qué hará el Gobierno del estado con ese presupuesto cuando ha prometido mil policías? ¿Con qué dinero piensa pagarlo? ¿Solicitará un préstamo? ¿Realizará una licitación? ¿Qué hará con el resto de los programas sociales y de infraestructura si no hay dinero?”, inquirió.

El secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) panista, Francisco Fraile García, se pronunció a favor de auditar los gobiernos de Moreno Valle y Gali Fayad, siempre que ésta nueva revisión no se traduzca en un “uso político” en contra de exfuncionarios que militan en su partido.

“El gobierno actual y el Congreso tienen la obligación de hacerlo de acuerdo a la ley. Toda la administración debe ser revisada a fondo y, si se encuentra algo incorrecto, hacer el procedimiento adecuado. Si esto se hace conforme a la ley no tenemos inconveniente en ninguna investigación; lo malo sería que se utilice como un instrumento político y un garrote”, matizó.

LEG