Habitantes de San Miguel de Allende, Guanajuato, rechazan el proyecto de habilitar el aeródromo abandonado en el municipio para que se ofrezcan ahí servicios de taxis aéreos, pues aseguran que sólo se trata de concesionar terrenos a particulares.
En entrevista con Notimex, la arquitecta Sara Ena Hernández, integrante del Observatorio Ciudadano de los Sanmiguelenses A.C., señaló que se han acercado a distintas autoridades, tanto estatales como federales, para expresar el rechazo ciudadano y las razones técnicas y ambientales por las que el proyecto no es en beneficio de este municipio.
“Está pensado en beneficio de quienes van a hacer el negocio y para traer más turistas que traen su propio jet; sigue siendo un proyecto que no corresponde a las necesidades que tiene la ciudadanía.
“Nos hace pensar que tanta necedad con el aeropuerto tiene otro asunto de fondo, concesionar estos terrenos, y como ya demostramos con muchas razones técnicas, no se va a poder hacer; le pueden dar otro uso”, aseguró.
Por otra parte, Rodrigo Treviño, también integrante de la organización, informó que la síndica del ayuntamiento, Verónica Agúndiz, presentó al cabildo un proyecto para autorizar una concesión de uso de los terrenos del aeropuerto a un particular.
Al respecto, denunció que se trata de una operación inmobiliaria, pues estudios técnicos señalan que la obra es inviable, porque los vientos en la zona están cruzados y no se puede cambiar la orientación de la pista de aterrizaje.
“Los aviones tendrían que pasar a fuerza muy cerca del centro de San Miguel en vuelo rasante, porque el pie de la pista está a tres kilómetros de la parroquia de San Miguel Arcángel”, dijo Treviño.
Estas razones fueron expuestas por el observatorio en una carta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Dirección de Aeronáutica Civil, que respondieron que actualmente no existe una solicitud en las dependencias para operar un aeropuerto en San Miguel de Allende.
Rodrigo Treviño evidenció que aunque el gobierno del estado fue quien anunció la obra, ahora se deslinda en un oficio enviado al Observatorio Ciudadano de los Sanmiguelenses A.C sobre el tema.
“Se puntualiza que la instancia federal (SCT) será quien resuelva el espacio físico para la operación del servicio propuesto, resultando que el gobierno del estado no tiene competencias para otorgar autorizaciones, siendo facultad del gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, resolver la petición”, se lee en el documento firmado por Alberto Cifuentes Negrete, coordinador de asesores del gobierno de Guanajuato.
fahl