Ante la negativa del Congreso de Baja California para enviar al gobernador la llamada Ley Bonilla, el ex candidato panista a la gubernatura, Óscar Vega, solicitó una copia certificada del decreto y se le informe por qué no se ha remitido al titular del ejecutivo estatal.
Del resultado de esta acción, explicó, se podría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de atención al procedimiento legislativo del Congreso de Baja California.
Con el decreto en su poder, continuó Vega, tendría dos vías a seguir además de acudir a la SCJN: dirigirse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o interponer algún mecanismo de juicio de amparo.
“Podríamos ir a decirle a la Corte, o a los tribunales, los diputados se están haciendo tontos con un procedimiento que deben de cumplir y no lo están haciendo”, comentó.
Recordó que probablemente la estrategia del Poder Legislativo en esa entidad, y cuya mayoría tiene Morena, sea mandar la ley al actual gobernador hasta finales de octubre para que Jaime Bonilla tome posesión con la modificación en noviembre y, aunque impugnada, proteste con una ley que le da un mandato de cinco años y ya no de dos.
Esa es la razón, abundó, por lo cual es necesaria la publicación de la Ley Bonilla lo antes posible, pues con ello podrán iniciar las acciones de inconstitucionalidad.
El ex candidato manifestó que hoy espera que el congreso estatal le dé una respuesta, pues hizo su exigencia, de acuerdo al derecho de petición consagrado en la Constitución, y que establece un lapso de 72 horas para obtener una contestación.
Vega indicó que no hizo la petición por vía de Transparencia y Acceso a la Información, porque como no se ha publicado la citada ley, se podría argumentar la inexistencia del documento.
LEG