El Gobierno de México se complace en informar que, el pasado jueves 8 de agosto, la corte de apelaciones del noveno circuito, en California, anuló la sentencia de muerte dictada en contra del nacional mexicano Carlos Avena Guillén, impuesta en 1982.

 

La corte resolvió que el entonces abogado del señor Avena Guillén proporcionó asistencia deficiente en la fase de sanción de su juicio, al no presentar pruebas de mitigación suficientes ni contrarrestar las pruebas agravantes presentadas por el Estado. La corte federal se centró particularmente en el hecho de que el abogado no llevó a cabo ninguna investigación para informar sus decisiones sobre qué evidencia presentar durante la fase de sanción.

 

Esta decisión representa un logro importante, ya que las cortes estadounidenses rechazan rutinariamente las solicitudes que argumentan asistencia legal ineficaz cuando el delito es considerado como grave. El estado de California, si así lo decide, tendrá ahora la oportunidad de volver a juzgar al señor Avena Guillén en una nueva fase de sanción. No obstante, a partir de esta decisión, el connacional ya no enfrenta la pena de muerte.

 

El Gobierno de México desempeñó un papel fundamental en la defensa del señor Avena Guillén y contribuyó decididamente a este resultado.

 

El señor Avena fue uno de los nacionales mexicanos incluidos en la demanda que presentó en 2003 el Gobierno de México contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Organización de las Naciones Unidas. Como se recordará, en su fallo de 2004, la CIJ resolvió que EU violó el derecho a la notificación y asistencia consular de 51 nacionales mexicanos sentenciados a muerte en ese país, lo cual constituyó una falta grave en perjuicio de su derecho al debido proceso legal. Este caso de gran trascendencia internacional fue la base de un caso similar entre Pakistán e India, respecto del cual, en julio pasado, la CIJ encontró una violación al derecho a la notificación y acceso consular por parte de Pakistán en contra de un nacional indio sentenciado a muerte.

 

Además, desde que tuvo conocimiento del caso, el Gobierno de México, por conducto de sus funcionarios consulares, prestó una efectiva asistencia al connacional e incluso contribuyó a su defensa legal por medio del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos.

 

El Gobierno de México reitera su postura en contra de la pena de muerte, por considerarlo una pena cruel e inusual, que atenta contra la dignidad humana. Asimismo, refrenda su compromiso de proteger los derechos de todos los mexicanos en el exterior, cualesquiera que sean las circunstancias.

 

DAMG