El Coneval y sus criterios de medición de la pobreza han polarizado a la opinión pública por los resultados de su informe, ya que han propiciado estrategias y la aplicación de programas de desarrollo social perniciosos, al premiar la disminución de carencias sociales de fácil resolución y eludir lo realmente importante: la condición de pobreza de un hogar que es su nivel de ingreso y situación productiva digna y sostenida.

En enero de 2004 se promulgó la Ley General de Desarrollo Social, que buscaba el impulso de un crecimiento económico con sentido social, elevar el ingreso de la población y reducir la desigualdad. Asimismo, se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que adoptó como modelo de medición de la pobreza dos variables: el bienestar económico (ingreso) y derechos (carencias sociales).

Este modelo establece, en el caso del ingreso, todas las entradas y apoyos económicos de las familias, y las carencias construyen el índice de privación social. Una de las consecuencias de esta definición es que el ingreso y el número de carencias tienen el mismo peso en la definición de pobreza extrema; otra característica es que deja de lado la medición de la desigualdad. En otros países, la medición de la pobreza, a partir del ingreso, conduce eminentemente a conocer la desigualdad en una nación.

Con el único afán de reducir cifras y disminuir en papel los niveles de pobreza, en los últimos años se relajaron los criterios para definir las carencias, de las cuales se destaca considerar como derechohabientes de la seguridad social a adultos mayores que reciben un apoyo (pensión) monetario e instrumentar programas asistenciales, de expedición fast track de certificados para adultos en rezago educativo, la construcción de cuartos adicionales para reducir el hacinamiento y la distribución temporal y masiva de despensas.

En el período 2010-16, el abatimiento de carencias más significativo fue el acceso a la salud, a través de la afiliación al Seguro Popular. En 2010, 33.5 millones se encontraban sin dicho servicio y seis años después la cifra se redujo a 19.1 millones. Esto es se incrementó en 43% la cobertura de esa protección financiera. De ese gran total, es curioso que 1.4 millones de beneficiarios sean del Estado de México. El mecanismo de financiamiento de los servicios de salud, y no de su provisión, constituyó la causal más poderosa para el abatimiento de este indicador de pobreza, que presentó la mayor reducción que cualquiera de las otras cinco.

Este hecho y la distinción entre financiar y proveer servicios debe ser considerada en el debate sobre la extinción del denominado Seguro Popular. Lamentablemente, en lo que a la carencia por seguridad social se refiere, el total de personas sin ésta se mantuvo prácticamente igual al pasar de 69.6 a 68.4 millones. No hubo ni crecimiento económico ni generación de empleo, pese a los reiterados señalamientos del Coneval, ya que sus proyecciones no resultan vinculantes, por lo que sólo son “llamados a misa”.
En la gráfica 1 se presentan por entidad federativa los cambios en el número de personas en condición de pobreza extrema y aquéllas por debajo de la línea de bienestar mínimo.

Así, por ejemplo, en el Estado de México se incrementó la población por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo en más de 600 mil personas y se reportaron fuera de pobreza extrema sólo 200 mil. En esa condición –aunque menos dramática- se posicionaron Chiapas, Veracruz y la CDMX; es decir, se dedicaron a abatir carencias sencillas y se olvidaron de crear empleos formales y mejorar el ingreso.

En contraste, Puebla evidencia una significativa disminución de la pobreza extrema, 50%, con una ligera reducción de pobreza por ingreso y eficacia en la eliminación de carencias; por otro lado, aun cuando Jalisco y Guanajuato lograron sacar de su bajísimo ingreso a centenas de miles de sus ciudadanos, el método Coneval les atribuye reducciones en pobreza extrema menores a las de Puebla. Se esforzaron más en generar empleo y elevar el ingreso que mandar cemento y despensas. En dicho período se alentó una suerte de carrera de caballos entre los gobernadores para ver quién ocupaba el mejor lugar en el ranking, sin importar el tamaño y condición específica de cada entidad en el mosaico mexicano.

La misma gráfica para el bienio 2016-18 arroja cambios interesantes: el Estado de México redujo en más de 400 mil a las personas con ingreso precario, no obstante la reducción de pobreza extrema fue inferior a 200 mil, entre otras razones porque en el acceso a la salud se desincorporaron a más de 700 mil personas. Oaxaca y Michoacán lograron, además de mejoras en el ingreso de su población, sacarlos de la condición de pobreza extrema. En contraste, estados pobres y con gran concentración poblacional como Veracruz, Guerrero y Chiapas incrementaron el número de personas con paupérrimo ingreso y pobreza extrema, y otras más pequeñas como Campeche, presentaron la misma tendencia.

De cara a la medición 2020, se presentan cambios sustantivos en la política nacional que sin duda impactarán negativamente: la desaparición de Prospera y los 37 mmdp que al año se dispersaban entre las familias más pobres, particularmente en el medio indígena y rural, población objetivo original de Progresa. Y, en contraste, se duplicará el monto de la “pensión para adultos mayores” y los programas prioritarios más ambiciosos de la 4T como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando vida. Ya veremos; el éxito depende de una más estricta fiscalización para finalizar el sexenio sin pobreza extrema. Así sea.