El pleno del Congreso capitalino aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que contempla llegar en 2023 a 4% del gasto que las alcaldías destinan al Presupuesto Participativo.
En tanto, el gobierno, casi de inmediato, publicó la nueva legislación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con lo que entró en vigor este mismo lunes, y se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Horas antes, en sesión extraordinaria, con 37 votos a favor, dos en contra y 15 abstenciones, los legisladores avalaron en lo general el dictamen que el pasado viernes aprobó la Comisión de Participación Ciudadana, en medio de reproches de la oposición, incluso de empresarios que calificaron la ley como inconstitucional.
En sesión extraordinaria, los diputados de oposición expresaron su rechazo a que la Agencia Digital de Innovación Pública del gobierno capitalino tenga un cúmulo de facultades en los temas de participación ciudadana, incluidos los instrumentos de evaluación de las autoridades locales.
Luego de la aprobación en lo general del dictamen, se decretó un receso de 10 minutos, que se extendió a casi una hora, para sacar copias de la redacción de la gran cantidad de artículos reservados por los diputados de oposición y del propio presidente de la Comisión dictaminadora, Martín Padilla, de Morena.
Tras regresar al pleno y en el debate de la votación en lo particular, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño Ambriz, reconoció que en temas fundamentales se logró consensuar con la mayoría de Morena un cambio, lo que parafraseó con el dicho popular “algo es algo, dijo un calvo”.
Anunció que se logró quitar el “bodrio” de que a través de la insaculación, es decir de un sorteo o tómbola, se eligiera a los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria, aunque se mantiene un instrumento que no está contemplado en la Constitución local, que es la consulta pública.
Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, Héctor Barrera y Gabriela Salido coincidieron en reconocer que cuatro por ciento del presupuesto de las alcaldías fue mejor que tres por ciento, aunque no se alcanzó el cinco propuesto por su bancada.
Además, el aumento al presupuesto participativo para los proyectos que elijan los ciudadanos para sus colonias será gradual, partiendo de 3.25 por ciento a partir de 2020, y destacaron que se eliminó la posibilidad de que la jefa de gobierno convoque a la consulta de revocación de mandato.
Así, el tema queda como lo establece la Constitución local, que se dará trámite a la consulta cuando lo solicite 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores, y el mismo porcentaje aplicará en el caso de diputados de representación proporcional.
Lamentaron que el Gobierno de la Ciudad de México se involucre en los temas de participación ciudadana a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, cuando ni un solo peso del presupuesto participativo es de la administración local, sino de las alcaldías.
Al final, con 45 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones se aprobaron 42 modificaciones al dictamen aprobado en lo general, el cual se debatió durante seis horas.
Al presentar el dictamen, Padilla Sánchez recalcó que fue un día histórico, porque la Ley empodera a los habitantes de la capital del país en la toma de decisiones, sin condicionamiento de partidos políticos para el ejercicio del presupuesto participativo.
“En años anteriores, con gobiernos mezquinos y de nula visión social, se propició un ambiente de simulación que secuestró la participación a favor de intereses caciquiles, personales y partidistas”, expuso.
Por la mañana, vecinos de diversas alcaldías se manifestaron con mantas y cartulinas afuera del recinto legislativo de Donceles y Allende para exigir el cumplimiento a la Carta Magna local y advirtieron que se ampararán para echar abajo la ley.
DAMG