Han pasado ya 11 años de la llamada reforma constitucional, de la que aún muchos llaman el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

A 11 años muchos ciudadanos siguen teniendo dudas de los mecanismos de operación y sobre todo de su efectividad. En especial cuando las autoridades ministeriales insisten en que este sistema no es más que una puerta giratoria que permite salir a delincuentes.

Y la duda crece más cuando se nos anuncia que se han capturado a grandes delincuentes o incluso a peligrosos, y éstos llegan a salir en libertad horas después de haber sido detenidos.

La semana pasada, México Evalúa presentó un estudio que vale la pena analizar, pues en él se cuestiona si dicho sistema está consolidado o si debemos aceptar que en realidad es un fracaso.

Pese a lo que podríamos pensar, el estudio revela que el sistema no está fracasando, y sí, por el contrario, está avanzando. Pero alerta sobre el riesgo de que cambios a las leyes en materia penal podrían poner en riesgo tales avances.

“Existe una alta probabilidad de que estas modificaciones a las leyes profundicen la discrecionalidad en la actuación de las autoridades del sistema y, por lo tanto, abran la puerta a más corrupción”, señala el estudio denominado Hallazgos 2018.

Dato interesante que exponen es que durante los últimos seis años las autoridades no han sido transparentes en la toma de decisiones durante un proceso penal.

Por ejemplo, durante 2018, pasamos de 2,085,842 investigaciones iniciadas (100%) a 81,080 asuntos vinculados (3.9%) sin criterios y lineamientos definidos para conocer la manera en que las autoridades están decidiendo.

“Debemos darle una oportunidad al sistema acusatorio que, aunque está muy lejos de tener los resultados esperados, comienza a dar algunas señales alentadoras. Hacemos un llamado a defender la reforma penal y atender los temas pendientes; estamos convencidos de que no debemos renunciar a un modelo prometedor sin antes haber garantizado que contó con recursos necesarios para operar de forma adecuada”, aseguró María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa.

Por otro lado, Hallazgos 2018 presenta los resultados del Índice de impunidad del Sistema de Justicia Penal. Para 2018, el Índice de impunidad federal, es decir, la proporción de casos que son conocidos, pero no son satisfactoriamente resueltos por la FGR y el Poder Judicial Federal es de 94.6% Por otro lado, el Índice de impunidad estatal es de 96.1%; los estados con menores niveles de impunidad son Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California.

A pesar de estos resultados, hay algunas señales positivas. Una de ellas es el avance en las capacidades de investigación criminal en aquellas entidades que han optado por apostar a la coordinación y comunicación interinstitucional para mejorar sus resultados, como es el caso de Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, entidades de las que se documentan casos concretos en el reporte.

En términos generales, estamos en un momento crítico en el que la inseguridad aumenta, y para ello es necesario regresar al debate de cómo mejorar nuestro actual Sistema de Justicia, pues a través de él se podrá mejorar mucho no sólo la inseguridad, sino la propia percepción de impunidad que existe en la sociedad.