Este lunes se llevó a cabo la segunda audiencia que definirá la situación jurídica de Rosario Robles Berlanga –ex titular de la otrora Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)– por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
“Estoy aquí, antes de las 6 de la tarde, para presentar la defensa, para demostrar mi inocencia, y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial.
“Como siempre lo he dicho, con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara”, comentó Robles minutos antes de entrar al juzgado ubicado en el Reclusorio Preventivo Sur.
Acompañada de una de sus hermanas, su asistente particular y de sus abogados, quienes bajaron una serie de cajas de la camioneta en la que viajaban, las cuales contenían pruebas a favor de su cliente.
Ayer, casi media hora después de que iniciara la nueva presentación ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en la Sala Uno del reclusorio, se declaró un receso de una hora.
Lo anterior, luego de que el Ministerio Público se negó a recibir los documentos probatorios de la defensa a las 13:00 horas, e incluso, media hora antes de que iniciará la sesión.
“Tenían que haber recibido antes del inicio de la audiencia y no tenían que esperarse a que yo les diera permiso. Por eso solamente les doy una hora de receso, a las 19:30 horas, para que reciban los documentos”, dijo enérgicamente el juez al Ministerio Público.
Durante su primera audiencia, efectuada el 8 de agosto pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron a Robles Berlanga de ser omisa y permitir que funcionarios públicos a su cargo desviaran cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 25 centavos, en perjuicio del patrimonio de la nación.
Cabe señalar que el delito de ejercicio indebido del servicio público, no amerita prisión preventiva, por lo que de encontrarla culpable y solicitar su vinculación a proceso, podría llevar su juicio en libertad. Además de que solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra.
La fiscalía apoya su caso en tres antiguos colaboradores de la ex funcionaría: Mario Salvador Ibarra Infante, José Antolino Orozco Martínez y María del Carmen Gutiérrez Martínez, cuando dirigió ambas dependencias en la administración de Enrique Peña Nieto.
Hasta el cierre de esta edición, la sesión en la que se desahogarían las pruebas de 27 convenios que firmó la Sedesol y la Sedadu con universidades públicas, seguía en proceso.
LEG