Abogados penalistas consideraron que sí se requiere una investigación tras las pintas y daños a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizadas por un grupo de mujeres, quienes protestaron por presuntas agresiones sexuales cometidas por cuatro policías a una joven de 17 años en la alcaldía de Azcapotzalco.
El litigante Pablo Gómez Mont comentó que en el caso de la diamantina que le arrojaron el lunes a Jesús Orta, titular de la SSC, esto no amerita una sanción penal, sino un reproche.
“Lo que sí tiene un trato distinto es lo que sucedió en las oficinas de la Procuraduría y de la Secretaría de la Seguridad, en donde afectaron el inmobiliario; los inmuebles los pintaron, eso tiene un tratamiento distinto”, expresó a 24 HORAS.
Comentó que la libertad de expresión es un derecho humano, pero también debe estar el derecho a la seguridad de las instalaciones y autoridades, “esa agresión es digna de una investigación”.
Por su parte, el abogado penalista Gabriel Regino indicó que hay un justo reclamo por parte de la sociedad para que se investigue la agresión contra la menor de edad, pero no se puede aprovechar el dolor de la víctima para generar actos delictivos.
“Un delito no se resuelve cometiendo delitos; puede haber una molestia legítima, una insatisfacción con el sistema, pero eso no legítima ultrajes a la autoridad ni acciones violentas, porque entonces vamos a sustituir la expresión por el linchamiento y eso no debe ocurrir”, apuntó.
LEG