Respecto a la presunta redada en playas de Tijuana, Baja California, contra jóvenes migrantes, el Instituto Nacional de Migración (INM) aclara que se llevó a cabo una revisión a la documentación migratoria de los menores involucrados y no hubo detención alguna, pues todos contaban con una condición de estancia legal.
En ese contexto, la Guardia Nacional llevó a cabo labor de ayudar junto con la autoridad migratoria en esta supervisión en estricto apego a las facultades que le otorga la ley.
Cabe señalar que la Guardia Nacional asume funciones de seguridad pública fundamentadas en el Artículo 9 de su propia Ley, que define como atribuciones y obligaciones verificar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la estancia regular de personas extrajeras y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la legislación de la materia.
La prioridad es salvaguardar a las personas y se rechaza cualquier tipo de acto o conducta contraria a preservar la labor de las casas de asistencia humanitaria y demás organizaciones de la sociedad civil en defensa de los migrantes.
La Guardia Nacional tiene como deber la seguridad de las personas en todo el país. Su despliegue en territorio nacional incluye el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos, incluyendo migrantes, mandato establecido desde su concepción.
jhs