Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el Juez de Control que mandó al reclusorio Santa Martha Acatitla a Rosario Robles ha estado rodeado de polémica.
Además de que se hizo público que es sobrino Dolores Padierna, diputada de Morena y crítica de Robles, con 40 años de edad, Delgadillo Padierna ha enfrentado varios casos complicados por su carga política.
Tal es el caso del controversial asunto del software Pegaus, ordenó a la Procuraduría General investigará el uso que esa misma dependencia habría hecho en contra de ciudadanos víctimas de espionaje indebido.
Otro caso, el de Luis Felipe Pérez, el Felipillo, hijo del ex líder del cártel de Tláhuac, El Ojos. En marzo pasado, el juez aseguró que se integró mal la averiguación previa contra el supuesto integrante del cártel de Tláhuac, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusó de liberar a un delincuente.
“El argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y esto da pie a que un juez deje en libertad a un delincuente”, dijo el mandatario.
Delgadillo Padierna le contestó que el “MP adujo producción de narcóticos, pero con base en una afirmación falaz y dolosa… para quedar bien con la opinión pública. “Corrupción es pretender presionar a la autoridad judicial sin sustento, con fines mediáticos… No soy un juez a modo ni a favor de los delincuentes”.
Asimismo, otro casó que tiene en sus manos el juez Felipe de Jesús es el de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado de asociación delictuosa y cohecho, relacionado con Odebrecht.
Abogados alistan queja ante CJF
Por su actuar parcial y resoluciones durante la audiencia, la defensa de Rosario Robles Berlanga tiene previsto interponer este viernes una queja contra el juez de control Jesús Delgadillo Padierna ante el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF).
El abogado Julio Hernández Barros informó que recaban las pruebas necesarias para acreditar las presuntas irregularidades cometidas por el juez, a quien calificó su decisión de parcial y, en consecuencia, ilícita, por parte del juez y exigió se respeten los derechos humanos y constitucionales de la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso de la ex secretaria de Sedesol y Sedatu.
Hernández Barros dijo que inexplicablemente el juzgador decidió no sólo vincularla a proceso penal, sino imponerle prisión preventiva como medida cautelar, aún cuando el uso indebido del servicio público no es un delito grave, el juez dictó prisión preventiva a Robles al considerar que hay riesgo de fuga por “no tener arraigo en la Ciudad de México”, y al advertir que ha mentido respecto a sus domicilios y tener la capacidad económica para evadirse y esconderse.
“Es público y notorio que dicho juzgador al resolver indebidamente respecto a la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, presumiblemente lo hizo atendiendo a razonamientos políticos y personales”, subrayó .
El equipo de abogados de la exfuncionaria informó que en las siguientes horas apelarán la decisión del juez, a efecto de que la ex funcionaria pueda seguir el proceso en libertad, exhibiendo las garantías necesarias para tal propósito e insistió que su clienta es un “chivo expiatorio” en un tribunal de Estado.
LEG