La corrupción es un problema estructural y sistémico enquistado en el país que, junto con la impunidad, favorecen la desigualdad y marginación, porque se priorizan los intereses individuales sobre el bien colectivo.
Frases como “el que no transa, no avanza” o prácticas como “dar o pedir mordida o moche” se aceptan e internalizan, de tal suerte que quien las rechaza parece no encajar, porque en la sociedad hemos normalizado la corrupción y la arbitrariedad, en razón de que “nunca pasa nada” porque no hay sanción.
Nuestras instituciones padecen una crisis de credibilidad y desconfianza social. Existe un hartazgo ciudadano ante la selectiva aplicación de la ley, que hace negociable el Estado de Derecho.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, México ocupa la posición 138 de 180 países (28 puntos sobre 100).
Datos del Índice Global de Impunidad 2017 (IGI-2017) situaron a México como el cuarto país considerado con mayor grado de impunidad (69.2 puntos), siendo el primero Filipinas, seguido de India y Camerún.
La corrupción impacta en el desarrollo económico, porque lo encarece. De acuerdo al Estudio de la OCDE sobre Integridad en México 2017, según lo señalado en el Informe Anual del Instituto Mexicano para la Competitividad de 2015, se considera que el costo de la corrupción para la economía nacional, representa hasta un 5% del PIB.
Para hacer frente a estos graves problemas generales, surge la construcción de los Sistemas Nacionales: de Transparencia (2014-2015), de Anticorrupción (2015-2016), de Fiscalización (2016 con antecedente en 2010) y de Archivos (2018), que tienen como fin sumar esfuerzos institucionales, eficientar recursos, homologar políticas y establecer mecanismos de colaboración e intercambio de información en los niveles de gobierno.
En el caso del sistema anticorrupción, este esquema de coordinación debe replicarse en cada entidad federativa. La Ciudad de México avanza hacia su implementación, pues si bien ya cuenta con el marco legal para operar, se encuentra en proceso de concluir la conformación de sus instancias, entre las que destacan el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva, y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
El Info Ciudad de México, como integrante del Sistema Anticorrupción local, contribuye al desarrollo de este mecanismo, trabajando con las demás instituciones que forman parte del mismo; facilitando herramientas para transparentar la labor de la Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana, a través de un micro sitio en su portal de Internet; y fomentando, junto con el Congreso, el análisis de este modelo a través de los resultados del Foro “Sistemas Anticorrupción: retos, perspectivas y experiencias” (19 y 20 de agosto, en el Museo de la Ciudad de México).
La articulación de los Sistemas Nacionales entre sí y con los sistemas locales debe tener como fin último construir un Sistema de Rendición de Cuentas que transcienda a la transparencia y al acceso a la información, que garantice conocer las razones de las decisiones públicas y la exigencia, en su caso, de responsabilidades y sanciones.
LEG