El diputado Mario Delgado (Morena) presentó ayer en la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a las leyes General de Educación, y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que aquellos alumnos que sean víctimas de acoso escolar se les cubra la reparación de daños personales y morales por parte de instituciones públicas o privadas.
En la exposición de motivo que el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que México ocupa, en educación básica, el primer lugar a nivel internacional en este tipo de abuso, también conocido como bullying, lo cual afecta a 18 millones de alumnos de primaria y secundaria.
“México ha legislado el acoso escolar en 21 entidades y en 10 de ellas se contempla algún tipo de sanción; y en 12 países de Latinoamérica también se toman acciones legales y está prohibida cualquier clase de violencia corporal”, detalló.
Remarcó que es necesario continuar el combate a este acoso, “que es el resultado de esta violencia que vive México, el impacto de esta tremenda violencia en esta generación de niños y niñas”.
Delgado indicó que su iniciativa surge de una resolución judicial favorable a un menor que demandó a una institución educativa privada por los gastos que le generó a la familia la atención psicológica, tras haber sufrido acoso escolar en la escuela.
El caso, abundó, data de 2015, cuando una familia perdió en primera instancia la demanda, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del menor, condenando a la escuela privada a pagar los gastos en que incurrió su familia para tratar los problemas que le generó el bullying.
La SCJN, recordó, consideró que el Estado mexicano tiene la obligación de implementar medidas reforzadas para el cuidado de los menores, es decir, sus derechos e intereses deben ser implementados deben ser protegidos con mayor intensidad.
“Se busca resarcir los daños a los menores víctimas de bullying y de sus familias, pero también generar un efecto disuasivo para que las autoridades educativas, y las propias instituciones educativas, tomen todas las medidas necesarias para garantizar espacios escolares libres de violencia”, sostuvo.
Explicó que la responsabilidad caería en primera instancia en el Estado por el carácter de servicio público y obligación, no importando si es un entorno escolar de institución pública o privada, pero el Estado podría, después, en el caso de una escuela particular, reclamar los daños.
Esta iniciativa, dijo Delgado, prevé que la indemnización cubra la reparación integral de los daños personales y morales, presentes y futuros, así como que tenga un efecto disuasivo respecto del acoso escolar.
jhs