La CNDH lamentó que la mayoría en la Comisión Permanente Congreso de la Unión impidiera la comparecencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar, para que explicaran su negativa a atender la recomendación sobre cancelación del programa de estancias infantiles.
Expresó que valorará, en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos de México, y en el marco de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido, hacer del conocimiento de las relatorías e instancias de los sistemas universal y regional de derechos humanos el presente asunto.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que llama la atención que los argumentos expresados por quienes se opusieron a la comparecencia de los servidores públicos hayan sido, al igual que los aducidos por estos últimos, principalmente de carácter ideológico o político, sin sustento en información objetiva y verificable.
Además fueron ajenos a lo que debería ser un debate plural e informado, en el ámbito de los derechos humanos, sobre los derechos de la infancia y de las mujeres, principalmente.
Reconoció que preocupan las descalificaciones y aseveraciones infundadas que se hicieron desde la tribuna de la Comisión Permanente sobre el profesionalismo, calidad moral e independencia de la CNDH y de quienes prestan sus servicios en ella.
Esas son afirmaciones que no corresponden a la realidad, que desinforman a la sociedad y generan una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo, advirtió.
Dijo que tales aseveraciones, que quedan desvirtuadas con la información pública disponible que da constancia del trabajo desarrollado por la CNDH, evidencian desconocimiento de las leyes vigentes.
En particular, añadió, del marco normativo aplicable a la actividad de los órganos que integran el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, así como un desdén por la legalidad y la institucionalidad democrática.
Lamentó que se haya tomado dicha decisión, dejando de lado argumentos y razones sustantivas, el análisis de evidencia concreta y verificable, así como la necesaria e irrenunciable defensa de los derechos humanos de las niñas y niños, al igual que de las madres y padres trabajadores.
El organismo argumentó que el voto de los grupos parlamentarios mayoritarios en dicha soberanía hizo negatoria la aplicación efectiva del segundo párrafo, del apartado B, del Artículo 102 constitucional.
Sostuvo que esa determinación cancela la posibilidad de que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos reconocidas por la Recomendación 29/2019, a quienes revictimiza, reciban por parte de las autoridades que no aceptaron el pronunciamiento la explicación fundada y motivada, a la que constitucionalmente tendrían derecho sobre las razones que sustentaron su negativa.
También a que en una comparecencia pública se pudiera debatir con representantes populares, de manera abierta y transparente, el sentido de la misma.
El organismo constitucional autónomo reiteró que la recomendación fue producto de una investigación seria y puntual, sustentada en información y evidencia objetiva, fundada en la normativa, criterios y estándares aplicables a la materia, tanto a nivel nacional como internacional, cuyo contenido es públicamente disponible para su análisis y consulta.
La mayoría de Morena en el Congreso impidió la comparecencia de los titulares de las secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, servidores públicos que se negaron cumplir con la Recomendación 29/2019, relativa a la cancelación del programa de estancias.
CS