A medida que el mundo ve como los incendios arrasan la selva amazónica de Brasil, el gobierno está debilitando a la agencia encargada de proteger el bosque tropical, según entrevistas con diez empleados y ex trabajadores, registros públicos y una revisión de reportes del gobierno.
El presidente Jair Bolsonaro no ha ocultado su desdén por el organismo público, conocido como Ibama, al que ha criticado públicamente como un obstáculo para el desarrollo del país.
Desde que asumió el cargo el 1 de enero, el presupuesto del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) se ha reducido en un 25% como parte del ajuste del cinturón en todo el gobierno, según datos internos del gobierno recopilados por el partido opositor PSOL y compartidos con Reuters.
Entre los recortes: la financiación para la prevención y el control de incendios forestales se redujo en un 23%.
El nuevo liderazgo de Ibama también ha dificultado que la agencia tome medidas enérgicas contra la tala ilegal, la agricultura y la minería, que han destruido casi 12.000 kilómetros cuadrados en el Amazonas este año, dijeron a Reuters todos los empleados y ex empleados.
Por ejemplo, se ha restringido la capacidad de agentes de campo para destruir equipos pesados en la escena de crímenes ambientales, una antigua táctica para frenar a los acaparadores de tierras, dijeron cinco personas.
Además, un cuerpo de elite de policías forestales de Ibama no ha visto acción en el Amazonas este año, por primera vez desde que se creó la unidad fuertemente armada y altamente capacitada hace cinco años, según cuatro de las personas familiarizadas con el asunto.
Los agentes especiales han estado limitados en gran medida al trabajo de escritorio, dijeron las fuentes, o se les asignaron tareas decampo lejos de los puntos calientes en la selva tropical.
El castigo de los delincuentes ambientales ha bajado notablemente durante el gobierno de Bolsonaro. Hasta el 23 de agosto, el número de multas de Ibama cayó un 29% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que el valor colectivo de esas sanciones bajó un 43%, según estadísticas gubernamentales.
Los empleados de Ibama enviaron una carta el 26 de agosto a Eduardo Bim, presidente de la agencia, expresando “nuestra inmensa preocupación por cómo se está llevando a cabo la política ambiental en Brasil“.
La carta, a la que accedió Reuters y firmada digitalmente por más de 400 empleados el miércoles, enumeró seis cambios que los empleados dijeron que necesitan Ibama y otros organismos ambientales, incluidas nuevas contrataciones, dinero suficiente para el trabajo de cumplimiento y autonomía.
El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, que supervisa a Ibama, rechazó reiterados pedidos de comentarios sobre recortes presupuestarios y otros cambios en la agencia.
Un portavoz había dicho a Reuters el 14 de agosto que los gobiernos anteriores tenían la culpa de las dificultades de Ibama que, según él, incluían equipos de mala calidad y oficinas de campo mal cuidadas.
El portavoz dijo que Ibama sigue siendo un actor importante en los planes del gobierno para combatir los incendios en la Amazonía. El ministerio ha dicho anteriormente que toma en serio su papel en la protección de la selva tropical y que la deforestación ilegal sigue tratándose como una actividad criminal.
Las políticas ambientales de Bolsonaro han sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos días, ya que las imágenes del fuego en la Amazonía han generado indignación internacional y preocupación por las consecuencias para el calentamiento global.
Ambientalistas acusan que ganaderos y agricultores brasileños están encendiendo intencionalmente el borde de la jungla para expandir sus operaciones ilegalmente, envalentonados por el mensaje pro desarrollo y antiregulación de Bolsonaro. Reuters no pudo confirmar las afirmaciones.
“Más allá de incitar, él (Bolsonaro) ha desmantelado sistemáticamente todos los órganos estatales que hacen cumplir la protecciónambiental“, dijo Alfredo Sirkis, director ejecutivo del Centro Climático de Brasil y cofundador del Partido Verde del país.
El ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, en un evento inmobiliario el lunes, dijo que los impulsores de ladeforestación, como la minería ilegal, han existido durante décadas y no comenzaron con el gobierno actual.
“La pobreza es el gran problema del medio ambiente”, dijo Salles, quien no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.
Ibama emplea a aproximadamente 780 agentes de vigilancia, uno por cada 11.000 kilómetros cuadrados del territorio de Brasil que debe ser vigilado, según las cifras. Casi la cuarta parte de ellos pueden ser pasados a retiro en cualquier momento, según el informe.
Mientras tanto, Brasil está perdiendo el equivalente a un campo y medio de fútbol de selva tropical cada minuto en la Amazonía.