El Gobierno federal suscribió el convenio de colaboración y adhesión que tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios federales a Coahuila para la construcción y equipamiento del Centro Regional de Identificación Humana, mismo que se ubicará en Saltillo.
El subsidio es de 90 millones de pesos y el proyecto comprende la construcción, así como equipamiento de aproximadamente dos mil 140 metros cuadrados en dos plantas, sobre una superficie que consta de 10 mil metros cuadrados.
En un comunicado la Secretaría de Gobernación informó que el Centro albergará las disciplinas de Antropología Forense, Criminalística de Campo, Medicina y Odontología Forense, así como áreas de Osteoteca, Servicio Médico Forense.
También salas de Disección, cuartos Fríos para la conservación de cuerpos, nichos para el resguardo temporal de cuerpos, toma de muestras de genética, bodega temporal para el almacenamiento de indicios, área de identificación y atención a víctimas.
Esta medida forma parte de la política de Estado para atender la emergencia forense y hacer que los procesos de identificación sean realizados de manera eficaz y con respeto de los derechos humanos.
Por otra parte el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, comentó que en el país existen 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses o en las fosas comunes.
“Esta cifra pudo ser mucho mayor porque hasta 2017 se estableció en la legislación el impedimento de hacer inhumaciones sin necropsia, en donde lamentablemente también hubo incineración de cuerpos antes de que se reformara la ley en 2017”, expresó durante el foro temático: Derecho a la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación en Saltillo, Coahuila.
Recordó que en el primer día del diagnóstico elaborado en coordinación con el área de servicios periciales de la Fiscalía General de la República tenían siete mil 800 cuerpos en las planchas o en frigoríficos de los servicios forenses del país, “lo cual da cuenta del enorme rezago que tenemos para dar atención digna y oportuna a los cuerpos”.
El funcionario resaltó que por primera vez los procesos de justicia transicional quedan enmarcados como eje fundamental de las políticas públicas en materia de derechos humanos, los cuales deben asumirse desde una visión federalista.
LEG