La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, como notoriamente improcedente, una acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional (PAN), en contra de la ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
La acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN fue rechazada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, debido a que esta reforma aún no se publica, es decir, no ha sido promulgada, por lo tanto, no está vigente y no podrá impugnarse hasta que esto ocurra.
El PAN impugnó el artículo octavo transitorio del Decreto 112, que modificó la Constitución de ese estado para que el próximo gobernador ocupe el cargo desde el primero de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2024, bajo el argumento de lograr coincidir de los procesos electorales local y federal.
Con este mismo argumento, la Suprema Corte desechó las controversias constitucionales promovidas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali.
En Baja California se ha gestado una polémica debido a la extensión del mandato de Bonilla Valdez que fue avalada por la legislatura local, la cual extendió de dos a cinco años el mandato, por lo que se le denominó Ley Bonilla.
La noche del lunes 8 de julio, con 21 votos a favor los diputados del PAN, PRD, PT, Transformemos y Movimiento Ciudadano aprobaron el dictamen presentado por el morenista Víctor Manuel Morán, con el argumento de que una gubernatura de dos años sería más costosa para los bajacalifornianos que una de cinco años.
Partidos de oposición, presidentes municipales y la iniciativa privada anunciaron que promoverán ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Congreso de Baja California.
Cabe destacar, que para que entre en vigor la modificación a la Constitución local, se debe publicar en el Periódico Oficial del Estado. En este sentido, el actual gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, anunció que no la publicaría debido a que la considera contraria a Derecho.
Incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó que es inconstitucional la Ley Bonilla por la que s le permite al gobernador electo ampliar su mandato. Sin embargo, consideró no intervendrá en el proceso para no violar la autonomía del congreso local.
Al respecto, Jaime Bonilla ha declarado que sí acatará lo que la Suprema Corte decida y que gobernará por el tiempo que la ley, revisada y avalada por los máximos tribunales, decidan.
LEG