La falta de información oportuna, precisa y veraz tiene altos costos durante y después de una emergencia por un fenómeno natural. Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, en un lapso de cuatro meses se realizaron al menos 2 mil 729 solicitudes de información, de las cuales el 61 por ciento no fueron respondidas, el 29 por ciento obtuvo lo requerido y 10 por ciento tuvo una contestación parcial, lo cual alerta sobre la necesidad de trazar una ruta de emergencia en la apertura informativa.
Con estas expresiones inició el “1er Coloquio por una reconstrucción abierta en la CDMX“, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), donde las y los Comisionados Ciudadanos junto con especialistas y periodistas expusieron la necesidad de crear protocolos para que las autoridades gubernamentales estén preparadas ante una nueva crisis y no dejen en la indefinición e incertidumbre a la sociedad.
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez aseveró que luego del movimiento telúrico de hace dos años, nuevamente quedó en claro que la sociedad está a la altura al momento de hacer sinergias para fortalecer el tejido social y enfrentar una emergencia.
Bonilla Gutiérrez planteó que la transparencia y el acceso a la información pública tienen que convertirse en ejes fundamentales en el proceso integral para la reconstrucción en la Ciudad de México.
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina aseveró que la falta de información tuvo altos costos durante y después del sismo del 19 de septiembre de 2017; es necesario compartir experiencias, generar una cultura de la prevención, hacer una ciudad más resiliente, así como generar una valoración sobre si “estamos haciendo lo correcto en cuanto a la apertura institucional para solventar una emergencia”.
Nava Polina enfatizó que ante una situación de crisis, las personas afectadas y la sociedad en general deben contar con la apertura informativa, que el proceso de la reconstrucción sea abierto y tengan todos los elementos necesarios para enfrentar una emergencia.
Anunció que se realizarán coloquios anualmente y de esta manera se cumplirá con un mandato establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México sobre la apertura informativa; de esta manera, el INFO cumple para garantizar los derechos ciudadanos, aseveró.
Durante la Mesa “Papel de la transparencia y la apertura en el proceso de la reconstrucción de la CDMX”, la Comisionada Ciudadana Marina San Martín Rebolloso fungió como moderadora y destacó que si bien el gobierno anterior de la capital del país no incumplió en su totalidad con las normas del derecho de acceso a la información pública, no supo remitir y orientar bien a las personas solicitantes para que obtuvieran un verdadero beneficio.
San Martín Rebolloso aseveró que se trata de un proceso de aprendizaje y ahora se tiene que saber cómo actuar, así como tener protocolos de emergencia para gestionar la información pública de interés y utilidad para la sociedad.
Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lamentó que tras los hechos ocurridos por los movimientos telúricos de septiembre de 2017 no exista una mejora, pues se carece de información y resulta complicado para las personas obtener expedientes, atlas de riesgo e información que les pueda servir para enfrentar una crisis.
Explicó que uno de los principales problemas detectados en esta situación fue que las personas afectadas o damnificadas no contaban con información como títulos de propiedad, permisos de construcción, uso de suelo o programas de riesgo.
Guillermo Cejudo, Secretario Académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), informó que realizaron un estudio sobre las solicitudes de información relacionadas con el sismo, presentadas del 19 de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018. Encontraron que fueron registradas dos mil 729 solicitudes de información, de las cuales 61 por ciento no fueron respondidas, 29 por ciento sí recibieron lo requerido y 10 por ciento obtuvieron una respuesta parcial. La entonces Delegación Cuauhtémoc, ahora Alcaldía, tuvo el mayor número de solicitudes, seguida de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Obras y Servicios y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
“Fue muy lamentable que no existiera un protocolo para gestionar la oferta de la información pública ante una emergencia como la que se vivió, en donde ni siquiera las autoridades de la Jefatura de Gobierno respondieron las solicitudes de información”, dijo.
Ixchel Cisneros Soltero, Directora de la iniciativa El Día Después, pidió hacer equipo para que no se repitan historias como la ocurrida por los sismos en donde el gobierno anterior cerró la puerta a los ciudadanía al negarle la información pública, que por derecho debe tener. Además, no se supo qué pasó con los recursos que fueron destinados para la reconstrucción y eso generó una mayor desconfianza. “El Estado quedó ausente en esta situación”, reiteró.
Peniley Ramírez, periodista de Univisión y el Heraldo de México, aseveró que se debe tener una ruta de emergencia para contar con información útil para las personas, que no sea necesario realizar una solicitud de información y ganar un recurso de revisión para obtener lo que necesitan para enfrentar una situación de crisis.
Naxhelli Ruiz Rivera, Secretaria Académica del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que a 17 días de cumplirse otro aniversario del sismo es lamentable que exista “autocomplacencia” de algunas autoridades en materia de información pública.
Dijo que tras el sismo las personas solicitantes obtuvieron respuestas ambiguas y carecieron de datos importantes como la forma en la cual se gastaron los recursos para las personas damnificadas. En la actualidad las solicitudes de información versan sobre la rendición de cuentas respecto al seguimiento de los expedientes judiciales de quienes resultaron culpables por las malas construcciones, los avances de los programas de rehabilitación y transparencia de los gastos, indicó.
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