La corrupción se enquistó, por desgracia, en una buena parte de la sociedad mexicana y no sólo en los altos niveles de la política, y así lo demuestra el informe de la Secretaría de la Función Pública, concerniente a los primeros nueve meses de la actual administración federal.
A los casos más sonados y emblemáticos, como el de la ex titular de Sedatu y Sedesol, Rosario Robles; del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, o del abogado Juan Collado, se suman cifras de asuntos que no por ser más pequeños, son de menor importancia.
De acuerdo a la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, en lo que va del actual Gobierno se han presentado más de 20 mil 500 denuncias por corrupción o faltas administrativas en contra de personal de la administración pública federal, lo que representa un incremento de 38% respecto al mismo periodo, pero de 2017-2018.
Como consecuencia de esas denuncias se logró la destitución de 103 servidores públicos y se impusieron 123 sanciones económicas por un total de 674 millones de pesos.
Las denuncias se refieren a casos como el robo de hidrocarburos, irregularidades en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), desvío de recursos y la contratación indebida de funcionarios públicos.
Un caso que llama la atención es el de la llamada Casa Blanca, inmueble adquirido por la ex primera dama, Angélica Rivera, a Grupo Higa, empresa que obtuvo grandes beneficios por obras multimillonarias durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ante esta situación, la SFP interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción en la forma en que fue adquirido el inmueble ubicado en las Lomas de Chapultepec y cuyo valor aproximado es de 54 millones de pesos.
Nos dicen que, en caso de que la investigación de la FGR determine que la Casa Blanca fue comprada con recursos de procedencia inexplicable, se podría aplicar la Ley de Extinción de Dominio, por lo que no sería extraño que, en un futuro no muy lejano, esa residencia pudiera ponerse a subasta en Los Pinos.
Así que, aun está a tiempo de ponerse a ahorrar por si quisiera adquirir uno de los más grandes monumentos al dispendio y a la corrupción del sexenio pasado.
Gruma, con el campo mexicano
Quienes están en línea con las políticas de impulso al campo de la cuarta transformación son los de GRUMA, ya que de la mano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) están trabajando para reducir, en el mediano plazo, sus importaciones de maíz y comprar el producto a los productores nacionales.
De esta forma, el grupo que comanda Juan González Moreno anunció que dejará de comprar 400 mil toneladas de maíz blanco a Estados Unidos y las adquirirá a productores del estado de Tamaulipas.
En la actualidad, GRUMA importa 600 mil toneladas de maíz al año, que representan 24% de las 2.5 millones de toneladas que procesa en México, y con este programa las importaciones se reducirán a 8%, con un gran beneficio para los productores de grano de la entidad.
leg