El Colectivo 23 de Marzo detalló que existen pruebas e irregularidades que las autoridades estatales y federales dejaron de lado en la investigación del asesinato de la periodista Miroslava Breach, acontecido en 2017.
De acuerdo a diversos medios de comunicación, el Proyecto Miroslava, integrado por el Colectivo 23 de Marzo, Bellingcat, Forbidden Stories y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), pretende indagar en aquellas pistas que las autoridades dejaron de lado, así como en las irregularidades que podrían conducir a los responsables de la muerte de la comunicadora.
En ese entonces, el gobernador de le entidad, Javier Corral, aseguraba que la investigación de la muerte de Miroslava sería un “ejemplo nacional” sobre cómo realizar este tipo de indagaciones. La realidad afirman las organizaciones, deja mucho que desear.
El caso fue iniciado por la Fiscalía del Estado de Chihuahua, pero en 2018 la Procuraduría General de la República (PGR) continúo la indagación.
Colectivo 23 de Marzo asegura que hubo políticos y personas que no fueron interrogadas e incluso a algunos sospechosos se les consideró como testigos, por lo que su identidad fue protegida. Además, destacan contradicciones en los elementos de prueba e irregularidades en la escena del crimen.
Entre las irregularidades descubiertas, apunta, se encuentra la grabación encontrada donde el entonces portavoz estatal de Acción Nacional (PAN), Alfredo Piñera, interrogaba a Miroslava sobre las fuentes de su trabajo que tocaba el tema de candidatos “narcopolíticos” en las elecciones locales.
Este reenviaría la grabación al alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz, a quien la periodista denunció que mantenía nexos con el crimen organizado. Éste, más tarde confesaría a las autoridades que entregó la grabación a gente de la banda criminal “Los Salazares”, para demostrarles que él no era responsable de la fuga de información.
Se cree que con la entrega del audio a “Los Salazares“, Amed Schultz, condenó a muerte a la comunicadora.
Tanto Piñera como Amed Schultz, fueron tratados como testigos. Actualmente ambos siguen activos en la vida política estatal del PAN, el primero fue contratado en 2019 como asesor del coordinador del grupo parlamentario de este partido, y Schultz anunció su intención de postularse para dirigir el comité estatal en Chínipas.
Hasta la fecha, el único detenido por el caso es Juan Carlos Moreno Ochoa, apodado “El Larry“, presunto miembro de “Los Salazares”.
CS
