La suspensión de sesiones en el Parlamento británico, solicitada por el primer ministro conservador, Boris Johnson, y consentida por la Corona, comenzó ayer martes y estará en vigor hasta el 14 de octubre, es decir, dos semanas antes del 31, la fecha límite para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Esta maniobra gubernamental, planteada para evitar un mayor debate y nuevas legislaciones con respecto a la salida de la UE, provocó protestas entre algunos parlamentarios, particularmente los laboristas, que se dijeron “silenciados” por la moción.
El inicio del plazo coincide con el anuncio del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, de que renunciará tras 10 años en el cargo. El 31 de octubre se hará efectiva su salida, pero pidió que su sucesor sea una “figura experimentada” que pueda sobrellevar sanamente las sesiones en el polarizado contexto del Brexit y sus posibles consecuencias.
Sin embargo, durante estas cinco semanas, el calendario político estará bastante activo.
En septiembre, tres convenciones partidistas tendrán lugar: la del Liberal Democrático, el 14; la del Laborista, el principal partido opositor, el 21; y la del gobernante Conservador, el 29. En esta última, se espera que Johnson presente una nueva serie de políticas atractivas para la población, ante la posibilidad de una nueva elección general en las próximas semanas.
Asimismo, el 17 de septiembre se espera que, gracias a un grupo de reconocidos abogados que promovieron una controversia constitucional, la Suprema Corte británica (creada apenas en octubre de 2009) revise el caso de la suspensión del Parlamento, decisión que ya fue declarada legal por la Corte de la Corona y la Corte Alta, tribunales de menor jerarquía.
Por su parte, el primer ministro declaró ayer que “el resultado del referéndum (de 2016) debe ser respetado”, y que retrasar el Brexit sería “entregar miles de millones más a Bruselas”. Esto, a pesar de la ley aprobada el viernes 6 de septiembre, que lo obliga a salir de la UE con un acuerdo o, de no ser posible, a solicitar una nueva extensión de tres meses a Bruselas, hasta enero 31 del 2020.
Esta postura de Johnson ha generado múltiples críticas en la opinión pública, la oposición y en su propio partido, ya que implicaría que el gobierno desacate la ley, situación que, según el abogado y legislador conservador, Adam Tomkins, podría llevar al primer ministro a prisión.
Frase
“Vamos a trabajar muy duro para llegar a un acuerdo. Estuve en Irlanda hablando con nuestros amigos irlandeses sobre cómo hacerlo. Y vamos a ir a Bruselas y conversar con otras capitales europeas”
Boris Johnson
Primer ministro británico
LEG