Los tiempos de la justicia parecieran no ser los mismos que los de la razón y menos los de la legalidad. Aparecen en los medios personajes que están presos sin sentencia como Javier Duarte de Ochoa; prófugos de la justicia como Emilio Lozoya y César Duarte; detenidos sin acusación precisa como Juan Collado y Rosario Robles, entre otros muchos que no se sabe si se va a proceder, se les sentencia, se les libera o se les refunde en la sombra por muchos años.

Todos los mencionados tienen que ver con la administración pública, todos ellos cobijados por el tiempo y el espacio por una de las administraciones públicas más corruptas en la historia del país, que fue la de Enrique Peña Nieto, quien seguramente sólo ve pasar las piedras muy cerca de su cabeza.

Los mexicanos deben estar muy contentos de que se haya perseguido a los sospechosos de fraude, especulación, desvío de fondos, lavado de dinero, etc., pero serán realmente felices como lo afirman las encuestas cuando todos ellos y otros muchos sean sentenciados y encerrados por años en la cárcel.

Las pesquisas, detenciones, búsquedas, sospechas no pueden limitarse a alcanzar los medios y hacer desde ahí como que se hace justicia y se vive en la legalidad y se consolida el Estado de Derecho.

La impunidad no se acaba ni con rezos ni con amenazas. Se castiga, de manera ejemplar, para que no se vuelva a repetir ni un solo acto de corrupción dentro de la administración pública. Javier Duarte, uno de los gobernadores veracruzanos más voraces en cuanto a la práctica de la corrupción, lleva más de dos años detenido sin sentencia. En ocasiones pareciera que tiene un pie en la calle, pero no se le ve preocupado por su tiempo de estancia en la cárcel, donde parece estar en su elemento.

Mientras no se atrape a los prófugos y se sentencie a los detenidos, la impunidad seguirá campeando por la administración pública, sin importar el partido que gobierne, porque no castigar la corrupción significa alentarla, impulsarla, perdonarla, olvidarla.

Los medios han registrado paso a paso los detalles de las detenciones, las posibles causas de su encarcelamiento, pero los sospechosos se mantienen entre la inocencia y la culpabilidad, de tal suerte que una de las banderas del Presidente de la República durante su campaña, que fue la lucha contra la corrupción, se convierte en un espectáculo mediático que no tiene final.

Por lo pronto vivir con la zozobra de ser detenidos seguramente implica una desestabilización que es peor que una cadena perpetua, otros están remojando sus barbas antes de que se las corten y la mayoría de ellos ya saben a qué abogado acudir a la hora de necesitar un amparo.

El Presidente ha dicho que la corrupción no se lleva a cabo dentro de la administración pública, para que se concrete este delito debe tener una contraparte que ofrezca o dé dinero, la mayoría, lo ha reiterado, han sido empresarios. Asegura que el poder económico y el poder político estaban hermanados, pero hasta la fecha no ha habido un solo empresario que haya sido investigado y menos aún castigado, detenido, o juzgado. Esperemos que la lucha contra la corrupción inicie.

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